Con un escándalo convertido en situación crítica para el morenismo, se ha tensado seriamente la relación con nuestro vecino del norte, de manera extraordinaria e histórica, particularmente por las acusaciones relativas a la vinculación y protección política de narcotráfico y, específicamente, de cuando menos una figura tan destacada del lopezobradorismo —entre abrazos y no balazos—, a quien hasta ahora habían sostenido públicamente, contra viento y marea. Y, además, en una entidad donde la fuerza del crimen organizado es incuestionable.
Un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, por asociación delictuosa con el cartel de Sinaloa, solicitó la detención con fines de extradición del gobernador morenista Rubén Rocha Moya —quien forzosamente pidió licencia temporal—, y funcionarios y exfuncionarios de su gobierno: Enrique Inzunza Cázarez, actual senador morenista y exsecretario general; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado; Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán; Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán —quien también pidió licencia—; y, José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la policía estatal.
El tema es amplio, pero —por espacio— hay que subrayar el controversial encuadre discursivo del oficialismo. El gobierno de Sheinbaum, zigzagueando, pretende sortear el asunto en nombre de la soberanía (sic), en un contexto por demás complicado para México.
Existen hechos ilícitos —incluyendo su elección— en torno a Rocha Moya —a quien el expresidente Andrés Manuel López Obrador llamó “mi hermano”, al igual que a Adán Augusto López—; y quien, incluso, aseguró: “No nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato”. Lo dijo cuando ya era gobernador electo, según publicó el periodista Salvador García Soto.
Hay preguntas por responder: ¿qué representa Rocha Moya en el oficialismo para que lo defiendan, y de esta forma? ¿Qué quiso decir al afirmar que este ataque también se refiere a la 4T y a “sus emblemáticos liderazgos? ¿Es sostenible argumentar defensa de la soberanía? ¿Cuántos secretarios, gobernadores, alcaldes, funcionarios y legisladores, actuales y anteriores, faltan todavía? ¿Serían acusados en México, o las imputaciones tendrán que venir del extranjero? ¿Y, realmente, conforme a derecho? ¿Quién(es) sigue(n)? ¿Dónde ha estado la “autónoma” FGR? ¿Por qué tanto interés de que no lo lleven a EU?
Este capítulo de narcopolítica y corrupción —en desarrollo y con autoridades en entredicho—, muestra a presuntos narcomorenistas, y no sólo se trata de Rocha Moya.
