Durante la semana pasada fuimos testigos de una crisis política en Sinaloa que llevó al gobernador constitucional a pedir licencia, en medio de acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con actividades ilícitas. Desde Querétaro observamos con asombro y desde cierta distancia, como si estos hechos pertenecieran a una geografía política ajena, vinculada a dinámicas particulares del norte del país y a trayectorias históricas que parecerían difíciles de reproducirse en otras entidades. Sin embargo, conviene mirar el caso de ese estado con mayor cercanía. Más allá de las diferencias evidentes, la situación ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las inercias de las clases políticas y la manera en que ciertas prácticas logran integrarse lentamente a la normalidad institucional.

Los problemas de Sinaloa no están incrustados en el narcotráfico, sino en dinámicas más bien políticas. El sistema de relaciones se fue construyendo lentamente a partir de acuerdos entre actores económicos (de actividades lícitas e ilícitas), políticos y sociales, quienes generaron una élite desde la cual se establecía el orden. Desde esos espacios cerrados se definían temas relacionados con la administración de recursos públicos, la asignación de contratos, las obras de infraestructura, la seguridad y el acceso a posiciones de poder. Con el tiempo, este tipo de acuerdos generó una estructura relativamente estable, porque distintos grupos encontraban beneficios dentro del mismo sistema.

Esa red también comenzó a influir sobre los espacios desde donde podía surgir crítica o participación pública. La llamada “pax narca” fue en realidad silencio y desde la política, con una bajísima tolerancia hacia la crítica, favoreciendo que la conversación pública permaneciera dentro de márgenes controlados, mediante la creación de organizaciones civiles “a modo”, medios de comunicación alineados con ciertos intereses y prácticas de presión, amenaza o atentado contra quienes levantaban la voz.

La crisis de este sistema inició cuando esa red comenzó a ampliarse y crecieron las disputas por acceso al poder, a los negocios y al control de decisiones estratégicas. Al mismo tiempo, la sociedad civil adquirió mayor fuerza.

Volviendo a Querétaro, algunos acontecimientos de los últimos años nos permiten observar señales de cómo los márgenes tradicionales de control ejercidos por ciertas élites comienzan a enfrentar mayores tensiones. El crecimiento económico, la expansión urbana y la llegada constante de inversión han ampliado el número de actores interesados en participar en decisiones relacionadas con el territorio, la infraestructura, el desarrollo inmobiliario y el acceso a recursos públicos, como el agua.

La principal enseñanza para Querétaro, si busca evitar que una historia semejante llegue a construirse con el tiempo, consiste en entender que este tema rebasa la idea de un simple relato sobre narcos y se relaciona más bien con el orden que se establece alrededor de las decisiones cívicas, aquellas que influyen en la vida pública y que terminan afectando a todas las personas dentro de una sociedad. En una entidad que crece rápidamente y donde aumentan los intereses sobre el territorio, resulta fundamental fortalecer la sociedad civil organizada y abrir las decisiones públicas a una discusión más amplia. La estabilidad institucional encuentra mayor fortaleza cuando las decisiones relevantes dejan de concentrarse en círculos reducidos y comienzan a discutirse dentro de una conversación pública más amplia. Esta puede ser una de las mejores estrategias de prevención de violencias.

Querétaro enfrenta el desafío de fortalecer mecanismos de participación y rendición de cuentas que permitan distribuir mejor la toma de decisiones, evitando que el rumbo de la entidad dependa principalmente de acuerdos construidos dentro de espacios cerrados de poder.

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Académica de lal UNAM