Nuestro planeta atraviesa un momento crítico y eso ya lo sabemos. Las nuevas generaciones cargan acaso con una conciencia más temprana de la magnitud del problema, ya que crecieron escuchando los términos cambio climático, biodiversidad amenazada y crisis hídrica como parte del lenguaje cotidiano de la escuela y de las redes, mientras que quienes conviven con la naturaleza de cerca, las personas que pescan, que siembran, que recorren el monte y la costa, lo saben desde otra dimensión, porque viven sobre su piel el calor que se prolonga, las temperaturas que rompen registros, las sequías que vacían pozos antes confiables y las temporadas de lluvia que se desplazan o se ausentan sin aviso.
La responsabilidad ambiental, sin embargo, debe evaluarse en función del poder de transformación que cada actor concentra y del impacto que su actuación puede provocar sobre los territorios. Los gobiernos y las empresas, en virtud de su capacidad para autorizar obras, conducir flujos de inversión, modificar marcos normativos y reordenar paisajes enteros, asumen una responsabilidad mucho más amplia que cualquier persona individual, ya que su acción produce consecuencias acumuladas y de larga duración que rebasan la escala de lo que las comunidades pueden remediar por cuenta propia. Al respecto, algunos países desarrollados han comenzado a reconocer esa asimetría, dado que han endurecido sus marcos regulatorios para vigilar la actuación de las empresas dentro y fuera de sus fronteras. Las empresas, por su parte, han asumido cambios crecientes en sus estrategias corporativas, transformaciones que no siempre obedecen a una mayor conciencia ambiental sino también a una racionalidad económica donde la sostenibilidad opera como criterio de reputación, como vía para obtener certificaciones internacionales, como condición para ingresar a cadenas globales de valor y como requisito para acceder a los beneficios derivados de los tratados comerciales en los que la dimensión ambiental ocupa un lugar cada vez más explícito. Compañías como Samsung Electronics han articulado programas corporativos de circularidad y reducción de emisiones que les permiten posicionarse en mercados de alta exigencia ambiental, mientras que el grupo Techint ha incorporado certificaciones de sostenibilidad en sus operaciones siderúrgicas y de infraestructura, y la italiana MAIRE ha reorientado parte de su portafolio hacia tecnologías de transición energética, decisiones empresariales que combinan compromiso ambiental con cálculo competitivo en un escenario internacional donde estas credenciales se han vuelto activos estratégicos.
La tensión emerge, sin embargo, cuando esas mismas compañías emprenden proyectos en países donde las reglamentaciones ambientales resultan menos estrictas, donde los procesos de evaluación se aceleran por presiones políticas y donde los gobiernos, interesados en atraer inversión extranjera, suelen relajar exigencias en materia de consulta previa, evaluación de impacto acumulado y participación comunitaria. El caso de la Bahía de Ohuira ilustra con precisión esa dinámica, dado que el proyecto Pacífico Mexinol, impulsado por Transition Industries con sede en Houston y respaldado por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial junto con BID Invest, plantea construir en Topolobampo, Ahome, una de las plantas de metanol de ultra bajas emisiones más grandes del mundo en un corredor estuarino reconocido como Sitio Ramsar, hábitat de garzas rojizas, delfines nariz de botella, cuatro especies de tortugas marinas protegidas y cuatro especies de manglar, sostén de familias pescadoras yoreme y mayo.
Conviene preguntarse si ese mismo proyecto sería viable en una bahía de Texas, estado donde Transition Industries tiene su sede corporativa, y la respuesta, con base en la legislación estadounidense vigente, es que no lo sería en los términos en que se desarrolla en Sinaloa, ya que cualquier obra de esta magnitud sobre un humedal costero requeriría, en territorio estadounidense, la activación simultánea de varios mecanismos federales que en México operan de manera fragmentada o no operan del todo. Esa diferencia institucional no es retórica, ya que se ha traducido en cancelaciones concretas en años recientes, dado que el complejo de metanol IGP Gulf Coast vio expirar sus permisos sin construirse, el proyecto South Louisiana Methanol fue detenido por presión comunitaria, Big Lake Fuels retiró sus permisos para una planta de metanol en Lake Charles, y en Corpus Christi las cinco plantas desalinizadoras destinadas a alimentar a la industria petroquímica fueron frenadas mediante audiencias públicas, demandas civiles y presión institucional, al punto de que la propia Environmental Protection Agency advirtió que las descargas de salmuera podrían vulnerar el Clean Water Act (Beyond Petrochemicals, 2024; Sierra Club, 2023).
Los movimientos indígenas y ambientalistas que se oponen al proyecto llevan años pidiendo lo que la propia Resolución de Impacto Ambiental emitida por la DGIRA estableció como condición vinculante, esto es, la realización de una consulta indígena previa, libre e informada conforme al Convenio 169 de la OIT, requisito que hasta la fecha del evento no se había cumplido. Esas mismas personas han enfrentado durante años amenazas, hostigamientos y campañas de desprestigio por sostener su oposición y por documentar los riesgos acumulados sobre la bahía.
Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, el pasado 23 de abril, integrantes del colectivo Aquí No, e integrantes de comunidades Mayo – Yoremes, se plantaron frente a las autoridades estatales, federales y empresariales para manifestarse públicamente en contra del proyecto. Lo ocurrido en Ohuira interpela a otras regiones del país donde se anuncian megaproyectos industriales, energéticos y turísticos sobre territorios habitados por comunidades originarias, campesinas y pesqueras, ya que la pregunta que abrió esa bahía se repite en el Istmo de Tehuantepec, en la península de Yucatán, en la Sierra Norte de Puebla, en la costa de Nayarit y en cada lugar donde la inversión llega antes que la consulta, donde el discurso de desarrollo precede a la conversación con quienes habitan el territorio y donde la prisa institucional convierte un derecho reconocido en un trámite incómodo, en lugar de asumirlo como punto de partida de cualquier proyecto que aspire a sostenerse en el tiempo.
Académica de la UNAM
