Nuestro planeta atraviesa un momento crítico y eso ya lo sabemos. Las nuevas generaciones cargan acaso con una conciencia más temprana de la magnitud del problema, ya que crecieron escuchando los términos cambio climático, biodiversidad amenazada y crisis hídrica, mientras que quienes conviven con la naturaleza de cerca, las personas que pescan, que siembran, que recorren el monte y la costa, lo saben desde otra dimensión, porque viven sobre su piel el calor que se prolonga, las temperaturas que rompen registros, las sequías que vacían pozos y las temporadas de lluvia que se desplazan o se ausentan sin aviso.
La responsabilidad ambiental, sin embargo, debe evaluarse en función del poder de transformación que cada actor concentra y del impacto que su actuación puede provocar sobre los territorios. Los gobiernos y las empresas, en virtud de su capacidad para autorizar obras, conducir flujos de inversión, modificar marcos normativos y reordenar paisajes enteros, asumen una responsabilidad mucho más amplia que cualquier persona individual.
La tensión emerge cuando las compañías emprenden proyectos en países donde las reglamentaciones ambientales resultan menos estrictas, donde los procesos de evaluación se aceleran por presiones políticas y donde los gobiernos, interesados en atraer inversión extranjera, suelen relajar exigencias. El caso de la Bahía de Ohuira ilustra con precisión esa dinámica, dado que el proyecto Pacífico Mexinol, impulsado por Transition Industries con sede en Houston, plantea construir en Topolobampo, Ahome, una de las plantas de metanol de ultrabajas emisiones más grandes del mundo en un corredor estuarino reconocido como Sitio Ramsar, hábitat de garzas rojizas, delfines nariz de botella, cuatro especies de tortugas marinas protegidas y cuatro especies de manglar, sostén de familias pescadoras yoreme y mayo.
Conviene preguntarse si ese mismo proyecto sería viable en una bahía de Texas, estado donde Transition Industries tiene su sede corporativa, y la respuesta, con base en la legislación estadounidense vigente, es que no.
Los movimientos indígenas y ambientalistas que se oponen al proyecto llevan años pidiendo lo que la propia Resolución de Impacto Ambiental emitida por la DGIRA estableció como condición vinculante, esto es, la realización de una consulta indígena previa, libre e informada conforme al Convenio 169 de la OIT, requisito que hasta la fecha del evento no se había cumplido. Esas mismas personas han enfrentado durante años amenazas, hostigamientos y campañas de desprestigio por sostener su oposición y por documentar los riesgos acumulados sobre la bahía.
Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, el pasado 23 de abril, integrantes del colectivo Aquí No, e integrantes de comunidades Mayo-Yoremes, se plantaron frente a las autoridades estatales, federales y empresariales para manifestarse públicamente en contra del proyecto. Lo ocurrido en Ohuira interpela a otras regiones del país donde se anuncian megaproyectos industriales, energéticos y turísticos sobre territorios habitados por comunidades originarias, campesinas y pesqueras, ya que la pregunta que abrió esa bahía se repite en el Istmo de Tehuantepec, en la península de Yucatán, en la Sierra Norte de Puebla, en la costa de Nayarit y en cada lugar donde la inversión llega antes que la consulta, donde el discurso de desarrollo precede a la conversación con quienes habitan el territorio y donde la prisa institucional convierte un derecho reconocido en un trámite incómodo, en lugar de asumirlo como punto de partida de cualquier proyecto que aspire a sostenerse en el tiempo.
Académica de la UNAM
