La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE deja dos problemas intactos. La reforma de 2024 concentró en la presidencia los nombramientos estratégicos del instituto y la actual mayoría legislativa permite a Morena y sus aliados elegir a quien la sustituya sin negociar con la oposición.

La Auditoría Superior de la Federación investiga posibles irregularidades en las contrataciones del INE. La investigación debe concluir, pero el relevo también exige revisar las reglas que facilitaron la concentración del poder.

En octubre de 2024, el Congreso modificó los artículos 45 y 48 de la ley electoral. Los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, antes aprobados por al menos ocho integrantes del Consejo General, pasaron a ser designados directamente por la presidencia. También se ampliaron las facultades administrativas y operativas de la Junta General Ejecutiva, integrada en buena medida por esos funcionarios. La colegialidad no evita los abusos, pero obliga a discutir nombramientos y compartir responsabilidades. Suprimirla reduce los contrapesos internos.

Ricardo Monreal sostiene que otorgar esas facultades no fue un error porque respondían a circunstancias coyunturales. Morena ahora ofrece discutir su revisión, aunque el artículo 105 constitucional prohíbe reformas electorales fundamentales durante el proceso electoral. Queda por determinar si esa restricción alcanza a estas facultades. ¿Por qué una coyuntura justificó eliminar controles de manera permanente?

La sucesión añade otro problema. La Constitución exige dos tercios de los diputados presentes para designar a la presidencia del INE y prevé la insaculación cuando no se alcanza esa votación. En 2023, la falta de acuerdos llevó al sorteo que designó a Taddei. En abril de 2026, Morena, PT y PVEM reunieron por sí solos 334 votos para nombrar a tres consejeros, frente a 127 de la oposición. Una de las designadas entonces, Blanca Yassahara Cruz García, fue elegida este martes por sus colegas para presidir provisionalmente el instituto. La Cámara deberá elegir a la persona que concluya el periodo hasta 2032.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt describen en Cómo mueren las democracias la captura de los árbitros como una vía para inclinar la competencia política. Una designación aprobada con votos de la mayoría no prueba esa captura, pero los nombramientos sin negociación, combinados con controles internos debilitados, reducen las barreras frente a la influencia del poder.

El escándalo que precipitó la salida de Taddei da a la misma mayoría que amplió las facultades de la presidencia la posibilidad de nombrar a quien las ejercerá durante las elecciones de 2027.

Morena ofrece revisar esas facultades, pero hoy puede designar por sí sola a quien las heredará. La mayoría deberá explicar cómo y cuándo piensa restituir la colegialidad. ¿Qué garantías de independencia ofrecerá una presidencia elegida sin acuerdo con la oposición?

X: @maeggleton