México sigue celebrando elecciones multipartidistas, pero el Informe sobre la Democracia 2026 del instituto V-Dem lo clasifica como una autocracia electoral desde 2024. Freedom House, en cambio, todavía lo describe como una democracia electoral, aunque reconoce graves deficiencias en el Estado de derecho. La diferencia entre ambos diagnósticos obliga a mirar más allá de las urnas.
Una autocracia electoral permite la competencia entre partidos, pero no garantiza plenamente las condiciones necesarias para elecciones libres y justas, ni las libertades de expresión y asociación. La democracia liberal exige, además, contrapesos efectivos al Ejecutivo, independencia judicial y protección de los derechos civiles. Celebrar elecciones es indispensable, pero resulta insuficiente para garantizar el funcionamiento democrático.
V-Dem sitúa el inicio del proceso de autocratización de México en 2019. Sus datos para 2025 colocan al país en el lugar 110 de 179, con una puntuación de 0.22 en el índice de democracia liberal, en una escala de 0 a 1. El índice de democracia electoral alcanza 0.47, mientras que el componente liberal, que evalúa los límites al poder y el Estado de derecho, registra 0.36. El informe identifica un deterioro sostenido y vincula la trayectoria mexicana con la concentración de poder en el Ejecutivo y el Legislativo, así como con la reforma judicial que, a juicio de sus autores, politiza los tribunales.
El World Justice Project ofrece evidencia adicional sobre la debilidad institucional. En su índice de Estado de derecho de 2025, México ocupó el lugar 121 de 143 países, con una puntuación de 0.40. En límites al poder gubernamental obtuvo 0.41 y en ausencia de corrupción apenas 0.27, lo que lo situó en el lugar 134. Aunque ambas mediciones utilizan metodologías distintas, coinciden en señalar problemas importantes en los mecanismos de control del poder.
La clasificación de V-Dem requiere, sin embargo, una precisión. México aparece en la denominada zona gris entre democracia y autocracia electoral. Esto significa que existe incertidumbre estadística sobre su ubicación exacta. Reconocer ese margen evita convertir una clasificación en un veredicto definitivo, pero tampoco elimina la evidencia del deterioro que registra el informe.
La alternancia federal de 2000 demostró que el voto podía desplazar a un partido del poder. Veintiséis años después, la pregunta es si esa posibilidad seguirá siendo real en condiciones equitativas. Los tribunales independientes, la prensa y los organismos de vigilancia permiten exigir cuentas también entre elecciones, incluso a gobiernos respaldados por mayorías. De cara a 2027, el riesgo es que la concentración del poder reduzca a la vez la capacidad de vigilar al gobierno y las condiciones para disputarle una elección. Entonces, el voto seguiría contando para distribuir cargos, pero perdería eficacia como mecanismo de control del poder.
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