Ante los continuos y exagerados alardes de la presidenta y de su partido en cuanto a que ahora, bajo la 4T, los mexicanos vivimos con mayor bienestar es necesario peguntarnos:

¿Es cierto, los mexicanos gozamos de un mayor bienestar?

En caso de que la respuesta sea positiva entonces es menester preguntarnos ¿que tanto ha mejorado el bienestar y si dicho mejoramiento compensa el enorme costo que hemos pagado para alcanzarlo -endeudamiento exorbitante, deterioro de infraestructura de todo tipo por falta de mantenimiento, etc.-?

Para responder a las preguntas planteadas basta observar el Índice de Progreso Social (IPS) de la organización: México ¿Cómo Vamos? El IPS contempla la medición integral del bienestar ya que suma 48 variables sociales y ambientales. En 2015 el índice fue de 58.6 puntos (de 100 posibles), al cierre de 2025 fue de 65 puntos. Lo que señala que el incremento resulto marginal (.6 puntos promedio anual).

Al analizar el IPS podemos encontrar que, si bien hay muchos factores que deben ser considerados, hay cuatro: salud, educación, seguridad e informalidad laboral que han venido frenando el progreso social.

Peor aún, encontramos que los frenos al progreso social se deben básicamente a políticas públicas sustentarlas en ideologías fracasadas y contaminadas por prejuicios y resentimientos de los gobernantes.

En salud, el porcentaje con carencia de acceso a servicios de salud creció. Carencia que ha llevado a las personas, por necesidad que no por gusto, a atenderse en el sector privado. Hecho que incrementa el gasto de bolsillo y erosiona la economía familiar.

En educación, tanto la calidad educativa se ha deteriorado -lo que se puede observar claramente en los resultados de la prueba “Pisa”- como también en lo que se refiere a cobertura. Por primera vez el porcentaje de menores de edad en la escuela disminuyo. Lo anterior significa restricciones a la movilidad social y a la capacidad productiva del país.

La seguridad, aun con las supuestas mejoras anunciadas, sigue siendo un punto débil que frena el crecimiento del IPS. La percepción de inseguridad, la impunidad que gozan los delincuentes y la baja confianza en autoridades de justicia afectan gravemente la calidad de vida.

En calidad del empleo, la informalidad laboral merma la calidad de vida ya que conlleva salarios menores (un trabajador informal gana en promedio la mitad de lo que gana un trabajador formal) y falta de acceso a la seguridad social y a las aportaciones correspondientes a retiro y vivienda.

Conclusiones:

El progreso social en la última década es notoriamente insuficiente no obstante el hecho de que 13.6 millones de personas hayan salido de la pobreza por ingresos -que no de la pobreza en una concepción más amplia y real-.

Las políticas públicas sustentadas en una ideología fracasada y obsoleta y peor aún: Contaminadas por intereses electorales, resentimientos y prejuicios de los gobernantes frena el desarrollo de áreas imprescindibles para el progreso social.

En suma: El “Gobierno del Bienestar” es un mito.