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Por: Miyazaqui Blanco
“No tenemos grupos de represión, sino grupos de restauración del orden público”, así respondió el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Iovan Elías Pérez Hernández, a los cuestionamientos de diputados de oposición sobre la actuación de la Policía Estatal (POES) en la disolución de manifestaciones en Maconí, en Cadereyta, y Escolásticas, en Pedro Escobedo, ambos conflictos por el acceso a cuerpos de agua que terminaron con personas detenidas.
De igual forma, en el marco de las glosas de secretarios estatales frente al Congreso del estado, la secretaria general de Gobierno, Guadalupe Murguía, aseguró que en ocasiones los manifestantes se niegan a entablar diálogo, por lo que el gobierno estatal, justificó, tiene que intervenir para liberar infraestructuras prioritarias, destacando en especial el caso de Maconí donde, argumentó, los manifestantes buscaban cortar el suministro de agua del Acueducto II.
“El problema se da cuando se trata de vialidades primarias; hablo de 5 de Febrero bloqueada, de la Carretera 57, o la intención de tomar las instalaciones del Acueducto II. Cuando se ha dado, a los grupos no hay punto de razón (…) entra Seguridad Pública, no a lesionar o agredir, sino a liberar la vía”, justificó la funcionaria.
Además, para Murguía hay ocasiones en los que los intereses políticos, cuando buscan hacer proselitismo, dificultan que los acuerdos con las personas afectadas sean atendidos, y ejemplificó que, cuando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha intervenido, también se pueden llegar a acuerdos con la voluntad de hacerlo.
“En muchas de las manifestaciones hay una necesidad legítima, válida, de servicios y atención. Se busca dar esa atención y se canaliza a las instancias competentes. Casi siempre podemos avanzar; a veces, en otras ocasiones, habiendo también una necesidad, hay intereses políticos haciendo su parte como oposición y es donde se dificulta resolver las cosas”.
Aún así, Pérez Hernández aseguró que la dependencia colabora con la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro en la investigación que realiza en el caso de Escolásticas, donde aún hay tres personas detenidas por el operativo que desalojó los manantiales de El Sabino. Sobre Maconí, agregó, no hay aún una notificación de si se abrió también una queja ante el organismo autónomo.
Además, explicó que, en este segundo caso, la orden de aprehender a los manifestantes vino desde el gobierno estatal y que los 12 detenidos fueron consignados a los Juzgados Cívicos por policías municipales de Cadereyta.
“La intervención de la policía estatal en Maconí respondió a la solicitud de autoridades estatales. Se realizó la detención de 12 personas por municipales por faltas administrativas. El actuar del personal fue con apego al respeto a los derechos humanos”, explicó Pérez.
Murguía Gutiérrez explicó que el hecho de que hayan sido consignados por faltas administrativas son muestra de que sólo se buscaba liberar la infraestructura y no criminalizar, pues los procesos por estas cosas son “mero trámite”.
“Lo que se busca es generar condiciones de tranquilidad y paz social. El mal mayor es el que se causa a la ciudadanía con el bloqueo a la 5 de Febrero, la 57 y dejando sin agua (a la ciudad). En ocasiones ha habido agresión por parte de los manifestantes y la autoridad los retiene y los presenta al Juzgado Cívico, no se busca lastimar a nadie”.
