Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro la adopción de medidas cautelares en favor de las tres personas detenidas en la comunidad de Escolásticas, en el municipio de Pedro Escobedo, la secretaria general de Gobierno estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, señaló que la CNDH deberá verificar las condiciones del centro penitenciario en las que se encuentran los detenidos.

La funcionaria estatal señaló que hasta el momento no ha habido acercamiento por parte de la CNDH hacia el gobierno de la entidad, pues la petición de este organismo tiene como objetivo que se respeten los derechos al interior del centro penitenciario.

“Las medidas que señala la Comisión de Derechos Humanos es para el personal del sistema penitenciario, pide la colaboración de la Defensoría de los Derechos Humanos y ellos estarán evaluando la procedencia o no de estas acciones. Tenemos un sistema penitenciario que funciona adecuadamente, que es uno de los mejores del país y lo que se está pidiendo a la CNDH es verificar las condiciones, ellos son los que tendrán que pronunciarse”, declaró.

Las detenciones realizadas el 13 de junio de 2023 en la comunidad de Escolásticas derivaron de la protesta de los habitantes de dicha comunidad, quienes se manifestaron en defensa del manantial que está dentro del predio denominado “Los Sabinos”, el cual aseguran, pertenece a la comunidad; sin embargo, la orden judicial acatada en ese día señalaba que el predio era privado.

Murguía Gutiérrez recordó que la detención de las tres personas —dos hombres y una mujer— se dio en el marco del cumplimiento de una orden judicial que ordenó la restitución del inmueble a favor de un propietario, “unos señores Torres”, que eran propietarios de los terrenos y del manantial.

“Esto ocasionó que la población se manifestara en contra e incluso que tomara la carretera 57, se sabe que ha habido actores políticos que, incluso, platicando con la comunidad, arengaban para que esta situación continuara y es un asunto que está en manos de los tribunales, tanto del Tribunal Agrario como de la Comisión Nacional del Agua que ya determinó que el manantial está en terrenos de propiedad particular”, agregó la funcionaria estatal.

Sin embargo, la Defensoría queretana notificó a la CNDH que las personas no habían podido ser entrevistadas por el personal de esa institución, y precisó que se encontraba pendiente la implementación de acciones prioritarias en favor de las víctimas, lo que motivó a la atracción de ley del caso.

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