Hay iniciativas que huelen bien de lejos pero que, al acercarte, revelan un tufo a conveniencia política. La propuesta de reforma electoral que presentó Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, no un legislador cualquiera, es exactamente eso: una idea que, en el papel, suena razonable, pero cuyas letras chiquitas podrían convertirse en una palanca peligrosísima para manipular resultados electorales a modo.
La iniciativa busca que la injerencia extranjera sea causal de nulidad en elecciones federales y locales. En términos gruesos: si el Tribunal Electoral determina que hubo financiamiento ilícito del exterior, desinformación sistemática desde fuera del país, ciberataques o presiones políticas, mediáticas o diplomáticas de gobiernos, organismos, empresas o personas extranjeras, una elección podría anularse. Nadie en su sano juicio puede oponerse al principio: las elecciones mexicanas deben decidirlas los mexicanos, sin que ninguna potencia extranjera, ni la del norte ni ninguna otra, venga a inclinar la balanza. Hasta ahí, todo bien.
El problema empieza cuando preguntas cómo se va a aplicar esto en la práctica. ¿Qué es exactamente “desinformación sistemática”? ¿Qué es un “impacto grave”? ¿Dónde termina la presión mediática legítima y dónde empieza la injerencia ilegal? La iniciativa no lo define con precisión, y esa ambigüedad no es un descuido técnico: es una invitación abierta a la discrecionalidad. Cuando la ley es vaga, quien la interpreta manda. Y quien va a interpretarla es un Tribunal Electoral que, recordemos, fue elegido bajo el mismo esquema de los famosos “acordeones” de la reforma judicial, lo que ya de entrada levanta suspicacias sobre su independencia. Un tribunal así, armado con conceptos tan elásticos, podría anular elecciones incómodas con una coartada jurídica presentable. Eso no es garantía democrática; eso es trampa con lenguaje constitucional.
Piénsalo en concreto: si CNN dedica cobertura extensa a un candidato de oposición, ¿es eso “presión mediática extranjera”? Si un activista argentino tuitea apoyando a un partido, ¿eso constituye intervención de persona extranjera para favorecer candidatos? Según como está redactada la propuesta de Monreal, ambos escenarios podrían encuadrar. Y eso no es paranoia: es leer el texto con cuidado. La iniciativa abre una ventana tan amplia que cualquier viento puede entrar, dependiendo de quién controle las cortinas.
Lo más irritante del asunto es que mientras nos entretenemos debatiendo el injerencismo yanqui a través de redes sociales, tenemos un problema de injerencia muchísimo más brutal y cotidiana que nadie parece tener prisa por atender con la misma urgencia: el crimen organizado metido hasta los tuétanos en los procesos electorales. En este país, cada tres años, candidatos son asesinados por grupos criminales que simplemente no quieren al competidor equivocado en la boleta. Lo señaló bien Jorge Álvarez Máynez cuando Movimiento Ciudadano planteó su propia reforma electoral: si matan a un candidato, esa elección debe suspenderse.
