La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California por el PAN, llega en un momento que invita a la reflexión más que a la celebración o el linchamiento fácil.

La Fiscalía General de la República lo acusa de ser accionista mayoritario de Ingemar, empresa vinculada a una red de huachicol fiscal que habría evadido miles de millones en impuestos mediante importaciones subdeclaradas de combustible.

El caso parece sólido en sus elementos técnicos: decomisos millonarios, ferrotanques, subdeclaraciones del 10% y un daño al erario que supera los cuatro mil millones de pesos solo en meses recientes.

Si se comprueban, Ruffo debe enfrentar las consecuencias como cualquier ciudadano. Pero el timing y el contraste con otros escándalos en el mismo estado desnudan algo más profundo: la justicia mexicana opera con un doble rasero que erosiona la credibilidad institucional.

En Baja California, mientras la FGR actúa con rapidez contra el panista histórico, primer gobernador de oposición en 1989, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Morena, navega un escándalo paralelo de audios filtrados que cuestionan su manejo de información sensible.

En esas grabaciones, presuntamente se le escucha gestionando con intermediarios vinculados a agencias estadounidenses el retorno de su visa y posibles acuerdos de cooperación, ofreciendo datos de mesas de seguridad a cambio de resolver sus problemas personales.

Ella habla de fragmentos manipulados y trampas políticas, y es legítimo exigir pruebas plenas antes de condenar. Sin embargo, el contraste resulta incómodo: un exgobernador opositor es esposado con bombo y platillo, mientras las graves dudas sobre la actual mandataria estatal se resuelven con comunicados y descalificaciones.

Este no es un asunto de colores partidistas puros. Ruffo representa una era del PAN que prometió alternancia y transparencia, pero que también acumuló señalamientos de opacidad en negocios. Morena, por su parte, llegó al poder federal y estatal con banderas de combate a la corrupción y al crimen organizado, solo para que casos como este revelen que los problemas trascienden siglas.

El huachicol fiscal no es un invento del PAN ni de Morena; es una mutación sofisticada del viejo robo de combustibles que daña las finanzas públicas independientemente de quién gobierne. Lo mismo ocurre con las presuntas filtraciones o negociaciones con autoridades extranjeras: comprometen la soberanía y la confianza ciudadana sin importar el partido.

La selectividad duele porque confirma lo que muchos mexicanos sospechan: la justicia se activa con mayor ímpetu cuando conviene políticamente. Ruffo es detenido en medio del escándalo de Marina del Pilar, lo que opositores interpretan como distracción calculada. La gobernadora, a su vez, atribuye sus audios a conspiraciones de exaliados.

Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo figuras de ambos bandos, PAN y Morena, aparecen vinculadas a redes que involucran dinero ilícito, influencias y opacidad. No se trata de equiparar culpas sin evidencia; se trata de reconocer que el crimen organizado y la corrupción estan en ambos lados de la vieja politica. Están en estructuras de poder donde sus cómplices les garantizan que haya impunidad y debilidad institucional.

Lo conveniente de este caso contra Ruffo radica precisamente en esa dualidad. Sirve para recordar que nadie está por encima de la ley, pero también expone la hipocresía de un sistema donde la acción penal parece calibrada según la utilidad electoral.

Si la detención es legítima, excelente: que avance con pruebas y debido proceso. Pero si se usa para opacar investigaciones incómodas sobre la gobernadora actual, audios, visas, manejo de seguridad fronteriza, entonces estamos ante una instrumentalización que degrada la democracia.

La alternancia que Ruffo ayudó a inaugurar en los noventa no puede convertirse en un relevo de impunidades.

México necesita una justicia que no sea arma política ni escudo partidista. Que persiga con el mismo rigor al huachicolero de ayer y al gestor de hoy, sin importar si viste guayabera o corbata. La memorable lección de este episodio no es la caída de un viejo símbolo panista, sino la persistencia de un problema estructural: malechores hay en todos los partidos, y la verdadera amenaza al Estado de derecho es la selectividad que permite que unos caigan mientras otros navegan entre filtraciones y desmentidos.

Solo cuando la ley sea ciega y pareja, la confianza regresará. Mientras tanto, casos como el de Ruffo y el ruido alrededor de Marina del Pilar nos recuerdan que la alternancia real aún está pendiente: no de siglas, sino de prácticas.