Hay algo profundamente mexicano en la forma en que las instituciones se descomponen: primero se destruyen con entusiasmo, después se improvisan parches torcidos y, al final, se discuten los detalles menores como si fueran el problema central. La tensión por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este agosto de 2026 es el ejemplo perfecto. No es el drama principal. Es apenas el síntoma más visible de una enfermedad que ya se volvió crónica.
El origen es conocido y vergonzoso. La reforma judicial de 2024, impulsada a toda velocidad y a capricho de Morena, dejó una contradicción constitucional de manual. El artículo 94 dice que la presidencia se renueva cada dos años de manera rotatoria según los votos de la elección popular. El artículo 97, que nadie se tomó la molestia de limpiar, sostiene que el Pleno elige cada cuatro años. Resultado: nadie sabe con certeza si Hugo Aguilar Ortiz debe terminar su periodo en 2027 o si puede quedarse más tiempo; si Lenia Batres tiene derecho automático al cargo por haber quedado segunda en la elección del “acordeón”, o si los ministros pueden inventarse otro camino. El Congreso, que debería haber resuelto esta antinomia hace tiempo, reconoce que “está en falta”, pero se declara incapaz de actuar. Están en receso, no hay tiempo, no hay consenso. Brillan por su inoperancia. Lentos hasta para remendar con parches lo que desde el principio estuvo mal diseñado.
Y mientras el Legislativo se lava las manos, la Corte se debate entre tres opciones que, cada una a su manera, confirman hasta dónde ha llegado el deterioro.
La primera es continuar con Hugo Aguilar Ortiz, el presidente del acordeón. El más votado en aquella elección de 2025 que se construyó con listas, estructuras partidistas y una participación ciudadana que nunca convenció del todo. Aguilar ha intentado, con más o menos fortuna, mantener cierta compostura institucional. Pero su legitimidad nace de un proceso viciado desde el origen. Seguir con él no es una solución: es aplazar el problema y normalizar que la presidencia de la Corte se defina por el mismo mecanismo que ya generó desconfianza.
La segunda opción es Lenia Batres. La ministra que ha convertido las sesiones del Pleno en escenarios de acusaciones de “animadversión insana” y que representa la captura ideológica del tribunal. No se trata solo de estilo. Se trata de una percepción extendida de que su llegada a la presidencia convertiría a la Corte en una extensión más del proyecto político que ya controla el Ejecutivo y el Legislativo. Para quienes aún creen que el Poder Judicial debe ser un contrapeso, Batres es el peor de los escenarios posibles.
La tercera es Yasmín Esquivel. La ministra cuya trayectoria académica está marcada por el escándalo del plagio de su tesis. Un asunto que nunca se resolvió de manera contundente y que sigue pesando sobre su figura. Impulsarla no sería un acto de independencia judicial; sería una decisión táctica de un bloque interno que prefiere cualquier cosa antes que a Batres. Cambiar una debilidad por otra no es reforma. Es gestión del daño.
Cualquiera de las tres opciones deja un sabor amargo. Porque el problema de fondo no es quién se siente en la silla de la presidencia. El problema es que esa silla ya no representa lo que representaba. La reforma judicial no solo cambió el método de designación de los ministros. Destruyó la idea misma de una Corte que se construye sobre carrera, prestigio académico, independencia y tiempo. La convirtió en un órgano de nueve personas elegidas en un proceso electoral improvisado, con mandatos escalonados, contradicciones constitucionales sin resolver y una dinámica interna que se parece cada vez más a una disputa de facciones que a un tribunal constitucional.
Esto de la presidencia es pecata minuta. Frente a la destrucción institucional que significó la reforma, discutir si el cargo dura dos o cuatro años, o si le toca a uno u otro ministro, es casi un lujo. Pero ilustra de manera perfecta en lo que convirtieron a la otrora Suprema Corte de Justicia. Ya no es un cuerpo que se piensa a sí mismo como último garante de la Constitución. Es un espacio donde se negocia el poder, se litigian resentimientos personales, se discuten presupuestos con aire de trinchera y se espera a ver qué decide el Pleno porque el Congreso no fue capaz de hacer su trabajo.
México ha visto muchas veces este patrón. Se destruye algo complejo en nombre de la transformación, se celebra el acto como un triunfo popular y después se descubre que las instituciones no se reconstruyen con la misma velocidad con la que se demuelen. La Corte que quedó después de 2024 es el resultado más claro de esa lógica. Un tribunal más pequeño, más expuesto a la política, más frágil ante las pugnas internas y menos creíble ante quienes todavía esperan que el derecho sea algo distinto del poder.
La pregunta no es solo quién presidirá la SCJN a partir de 2027. La pregunta es si alguna vez volverá a existir una Corte que merezca el adjetivo de Suprema. Por ahora, lo que tenemos es un mal que se profundiza, un Congreso ausente y tres malas opciones disfrazadas de decisión institucional. Mal en peor. Y sin señales claras de que alguien, en alguno de los tres poderes, esté dispuesto a frenar la caída.
