Cada tres años, las reglas del juego democrático en Querétaro se someten a cirugía. Es una inercia legislativa sana en teoría, fundamentada en la premisa de que los vacíos y trampas descubiertos en la contienda anterior deben corregirse para el siguiente ciclo.

Sin embargo, cuando el reloj apremia y la fecha límite constitucional se encima sobre las cabezas de los diputados locales, la discusión técnica suele transformarse en un teatro de resistencia de las principales fuerzas políticas, donde el PAN y Morena acostumbran trazar líneas en la arena para salvaguardar sus propios intereses y zonas de confort, ignorando propuestas que verdaderamente nivelarían la balanza ciudadana.

El reciente debate en torno a la reforma electoral de Querétaro permitio a Movimiento Ciudadano poner sobre la mesa ideas sumamente necesarias, condensadas en propuestas como la regulación estricta del comportamiento de los servidores públicos en campaña y el fin de los premios políticos para los árbitros electorales. Es un secreto a voces que las estructuras municipales y estatales a menudo operan como extensiones logísticas de los candidatos punteros.

La propuesta de imponer un registro digital con 72 horas de anticipación para cualquier funcionario que pretenda solicitar un día sin goce de sueldo para hacer proselitismo ataca directamente la simulación. Hoy en día, la respuesta burocrática ante la flagrancia de un servidor público en un mitin en horas laborales es la entrega inmediata y sospechosa de un permiso retroactivo.

La resistencia implícita a transparentar estos procesos proviene del temor a perder esa infantería gubernamental que tanto PAN como Morena activan según la trinchera que controlen.

De igual forma, la obligatoriedad real de los debates y la imposición de sanciones financieras directas al tope de gastos de campaña de quien decida ausentarse representa un avance democrático indispensable. Tradicionalmente, la estrategia política dicta que el puntero en las encuestas debe rehuir el debate para evitar riesgos y confrontaciones directas.

Esta vieja práctica, que violenta el derecho de los ciudadanos a contrastar ideas, ha sido defendida bajo la alfombra por las cúpulas dominantes. Castigar el desplante reduciendo el dinero disponible para gastar obligaría a los candidatos a salir de sus monólogos protegidos y encarar la crítica.

Si el PAN y MORENA se oponen a esto, no es por fallas de diseño legal, sino por el miedo crudo a que sus perfiles queden expuestos sin el cobijo de una producción mercadotécnica.

La fiscalización de los recursos públicos y los bienes del Estado es otro punto de fuerte fricción. Dotar a la autoridad electoral de la facultad inmediata para retirar vehículos oficiales detectados en eventos de campaña, y no devolverlos hasta que culmine el proceso de votación, le quitaría los dientes al uso faccioso del patrimonio común. La típica inercia de denunciar en redes sociales, esperar a que el escándalo se disipe en un par de días y continuar operando con normalidad ya no sería viable.

Que los partidos de la vieja política miren con recelo esta medida solo confirma lo arraigada que está la costumbre de confundir los recursos del erario con las carteras de los comités partidistas.

El verdadero reto de Querétaro de cara al próximo proceso electoral radica en superar el pragmatismo cínico de las fuerzas políticas que hoy controlan la agenda del Congreso.

Una reforma electoral verdaderamente progresista no debería nacer de las prisas del último minuto ni de las negociaciones en lo oscurito para ver qué concesión conviene a cada color. Modificar los plazos de residencia para los aspirantes a la gubernatura o reorientar las multas de los partidos hacia el financiamiento de causas nobles como el cuerpo de bomberos son pasos en la dirección correcta, pero requieren de una voluntad política que trascienda la coyuntura del voto inmediato.

Si la discusión parlamentaria se limita a un mero trámite de simulación donde los bloques del PAN y MORENA bloquean las propuestas de avanzada para proteger a sus cuadros y mantener sus privilegios logísticos, la ciudadanía habrá perdido una oportunidad invaluable. La equidad de la contienda no puede quedar supeditada a las conveniencias del poder en turno.

Modernizar las reglas electorales significa obligar a los partidos a competir con ideas, propuestas transparentes y en igualdad de condiciones, arrebatándoles las herramientas de presión y las ventajas estructurales que durante años han pervertido la voluntad de los queretanos. Lamentablemente, en esta oportunidad, la vieja política optó por la simulación.