En las democracias modernas, el poder no siempre se conquista en las urnas el día de la elección. A veces se asegura mucho antes, con un lápiz, una regla y un buen conocimiento de la geografía humana. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos de cara a las elecciones intermedias de 2026.

Los republicanos, conscientes de que la historia y las encuestas les son desfavorables, han impulsado una agresiva ola de redistritación en estados bajo su control. Texas abrió el fuego: redibujó sus distritos para sumar hasta cinco escaños adicionales favorables. California respondió con su propia jugada demócrata. El resultado es una carrera de redistritación que amenaza con distorsionar la voluntad popular incluso antes de que los ciudadanos acudan a votar.

Este no es un tecnicismo electoral. Es una estrategia consciente para blindar el poder ante un posible rechazo ciudadano. Aunque Donald Trump mantiene el control del Partido Republicano en las primarias, su aprobación general ronda el 37-40% y enfrenta vientos en contra por la economía y otros temas.

En lugar de convencer a más votantes, la respuesta ha sido cambiar las reglas del juego territorial: agrupar a los opositores en pocos distritos (para desperdiciar sus votos) y diluir su fuerza en otros. El efecto es que un partido puede obtener la mayoría de los escaños con una minoría de votos. Es legal, pero profundamente antidemocrático. Reduce la competencia real y erosiona la confianza en las instituciones.

Lo más preocupante es que esta práctica no es nueva, pero su escala y timing, la convierten en un precedente peligroso. En un sistema donde el árbitro electoral no es plenamente independiente, los que controlan las legislaturas estatales pueden perpetuarse.

Los demócratas no son inocentes en esto, pero el ímpetu actual proviene principalmente del lado republicano, que busca preservar una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes. Si funciona, el Congreso reflejará menos la realidad del país y más la ingeniería cartográfica de quienes ya están en el poder.

Ahora miremos hacia México. Aquí no tenemos un sistema federal descentralizado como el estadounidense, donde cada estado dibuja sus propios mapas. Nuestra distritación está centralizada en el Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo autónomo que, aunque imperfecto, ha logrado mantener un proceso predominantemente técnico y con criterios demográficos claros. Sin embargo, el escenario político actual invita a una reflexión seria.

Morena y sus aliados controlan el Congreso federal, la mayoría de las gubernaturas, legislaturas locales y, tras las reformas recientes, una influencia significativa sobre órganos clave. En este contexto, ¿es descabellado imaginar una tentación similar?

La redistritación en México se realiza cada diez años tras el censo del INEGI, con énfasis en el equilibrio poblacional y la representación. Pero si el árbitro es percibido como cercano al poder político dominante, o si se abren puertas a “ajustes” oportunistas, el riesgo de redistritación disfrazada de “modernización” o “representación indígena” podría crecer.

Ya hemos visto cómo mayorías abrumadoras pueden modificar reglas electorales, presupuestos y contrapesos institucionales. Una distritación que, por ejemplo, concentre voto opositor en mega-distritos urbanos mientras fragmenta el apoyo rural opositor, podría consolidar una hegemonía que las urnas solas no justificarían.

No se trata de acusar de antemano. México ha avanzado mucho desde los tiempos del dedazo y el control priista absoluto. El INE ha sido un pilar de la transición democrática. Pero la concentración de poder en una sola fuerza política genera incentivos estructurales para perpetuarse. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde mayorías temporales reformaron las reglas para volverlas permanentes. La redistritación es un instrumento sutil y poderoso para eso: no anula votos, simplemente los reorganiza para que pesen menos.

La lección del norte es clara. Cuando los actores políticos priorizan la supervivencia institucional sobre la competencia genuina, la democracia se vacía por dentro. Los mapas no deben ser armas partidistas. Deben ser el reflejo más fiel posible de una sociedad diversa. En México, con Morena en una posición de dominio inédito, corresponde a la sociedad civil, los partidos de oposición, los medios y los propios consejeros del INE vigilar que la próxima distritación (o cualquier ajuste) responda a criterios técnicos y no a cálculos de poder.

Porque al final, la verdadera prueba de una democracia no es quién gana cuando todo le favorece, sino si está dispuesta a competir en igualdad de condiciones incluso cuando el viento sopla en contra. Manipular los distritos es admitir que no se confía en la capacidad de convencer al electorado. Es elegir el atajo en lugar del camino difícil de la persuasión. Y los atajos, en política, suelen llevar a callejones sin salida para la representación genuina.