Hace muchos años decidí dedicarme a defender la dignidad humana de todas las personas. Ese compromiso, que exige congruencia, transparencia y honestidad, me ha llevado a trabajar de la mano de autoridades que han mostrado una voluntad real de proteger los derechos humanos de todas las personas. Ese compromiso también me ha obligado a denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos federales, estatales y municipales.

En este espacio he señalado que las lamentables declaraciones de Mauricio Kuri y su negativa a publicar la Ley de Identidad aprobada por la LXI Legislatura, constituyen una violación de los derechos humanos de las personas trans.

A lo anterior se suman otros hechos graves e igualmente inaceptables: la discriminación de de mujeres indígenas artesanas en el centro histórico; la insistencia de preservar el aborto como delito en el Código Penal; la falta de sanción a agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas; la falta de recursos para reparar el daño a las víctimas de violencia; los obstáculos para impulsar la Ley Estatal para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH y la DDHQ; y el nombramiento de una persona incompetente al frente de la Sub-Secretaria de Derechos Humanos, son solo algunos ejemplos.

Lamento profundamente que a pesar de todo el trabajo y tiempo que han dedicado múltiples activistas y organizaciones de la sociedad civil para transformar a las instituciones gubernamentales desde adentro, Querétaro siga destacando por la renuencia de sus autoridades de cumplir con su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que conforman la sociedad queretana.

En más de una ocasión el Gobierno estatal ha mostrado su falta de voluntad política para prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos de personas LGBT+, indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad, migrantes, familias de personas desaparecidas y huérfanos y huérfanas de feminicidio. Frente a tanta evidencia, es imposible hablar de omisiones aisladas; se tratan de decisiones políticas dolosas y con fines electorales, que reproducen violencia, discriminación y desigualdad, y que terminan por poner en riesgo la vida, integridad y derechos de poblaciones históricamente vulneradas.

En textos anteriores he expresado mi rechazo absoluto a la manera en que el Ejecutivo estatal ha atendido asuntos primordiales para la protección, respeto y garantía de los derechos humanos en Querétaro.

Esta preocupante situación obliga a las y los defensores de derechos humanos a coordinarnos y redoblar esfuerzos para, como sociedad civil organizada, lograr que en Querétaro, en todos los espacios en los que nos desenvolvemos, "la dignidad se haga costumbre".

Maricruz Ocampo