El reciente llamado de Erika Kirk a las mujeres del mundo para que adopten el rol de "esposa tradicional" y renuncien al voto es más que un ataque a las decisiones individuales: es una amenaza directa a los derechos humanos. Este peligroso discurso normaliza la erosión gradual de la dignidad de las mujeres.

La historia reciente nos muestra la facilidad con la que los derechos de las mujeres se pueden perder. Hace menos de 10 años Afganistán eliminó el acceso de las mujeres a la educación, al trabajo y a la participación en la vida pública. No solo ya no tienen oportunidades de desarrollarse: fueron desterradas de la política, sometidas a la voluntad de padres, hermanos y esposos y sentenciadas a una vida de violencia.

En Estados Unidos, la Corte Suprema en la decisión Dobbs v. Jackson revirtió el derecho a la autonomía corporal de millones de mujeres. Esta pérdida de derechos, resultado de una ciudadanía dispuesta a aceptar visiones restrictivas de las libertades, nos muestra como la protección de los derechos de las mujeres está ligada al compromiso real de la clase política y la sociedad.

La propuesta de Erika Kirk de la renuncia voluntaria de las mujeres al voto, de aceptar el dominio del marido y de retirarse de la vida pública es un objetivo claro de la ultra-derecha patriarcal representada por ella, por Isabel Diaz Ayuso, Marine Le Pen y Maru Campus, entre otras. Todas ellas proponen la sumisión de las otras desde el poder que les ha dado la lucha feminista. Ellas pueden hablar de la pérdida de derechos desde los que ellas gozan: económicos, sociales, políticos y civiles. Ellas pueden hablar con libertad porque las feministas hemos ganado para ellas la libertad de expresión. Pueden postularse a puestos de elección porque las feministas logramos el derechos al voto. Pueden decidir no casarse y no ser madres, gracias al feminismo.

Defender los derechos de las mujeres exige mucho más que abogar por la libertad individual y la autonomía plena. Exige proteger el acceso a la educación, a la atención médica, a las oportunidades económicas, al derecho a decidir y a la participación política mediante normas, instituciones y programas que hagan difícil el retroceso.

Como sociedad debemos denunciar el discurso de Erika Kirk y el de cualquier otra persona que proponga limitar la participación democrática, abogue por la erosión de los derechos humanos o sugiera que las mujeres deberíamos renunciar a los avances conquistados con tanto esfuerzo, para regresar a los roles tradicionales que por siglos nos mantuvieron sumidas en la desigualdad, la discriminación y la violencia. Aceptar la erosión de nuestros derechos sería sentenciar a nuestras hijas a una cadena perpetua.

Simone de Beauvoir nos lo dijo con claridad: “bastará una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados.” A nosotras hoy nos toca defender lo que nuestras ancestras lograron.

Maricruz Ocampo