La detención de Ernesto Ruffo Appel, días antes de la clausura del Mundial de Futbol, se explica más por el contexto que se da su arbitraria y desaseada detención que por los hechos que se le imputan. Y por el efecto bumerang para Sheinbaum: lejos de resolverle un problema y dar credibilidad a su gobierno, evidencia el contraste entre la protección a narco políticos morenistas, y la rigurosa persecución de sus adversarios, eje de su narrativa ideológica.

El caso Ruffo se inserta en un contexto de vulnerabilidad y crisis reputacional del gobierno por la negativa de Sheinbaum a entregar al gobierno de EE. UU. a ocho políticos morenistas involucrados con cárteles -incluido Rocha Moya- y las represalias de EE.UU. en la negociación del TMEC por la misma causa; que a más morenistas se les haya retirado la visa -dos gobernadores y Adán Augusto López-; la negociación de la gobernadora de Baja California para que no la extraditen, para lo que ofrece información sensible de seguridad nacional; la imposición de nuevos aranceles; y a la inexplicable presencia de Sheinbaum en la clausura del Mundial de Fútbol, entre otras.

En New York, frente a Trump, Sheinbaum se siente obligada a mostrar resultados contra la corrupción. Su mejor carta: detener a un emblemático político -más para desacreditarlo a él y a la oposición, que para aclarar el caso- valiéndose de una juez corcholata del bienestar, quien apenas en 24 horas les regaló la orden de aprehensión, evidenciando para qué querían someter al Poder Judicial a la 4t.

El aparatoso montaje usado en su detención y su posterior traslado a CEFERESO de Almoloya -no usado ni con el Chapo- sirvió para dar contundencia al mensaje oficial. Sin embargo, la lectura social de los hechos e intenciones morenistas identificó al panista como chivo expiatorio y preso político del régimen.

Tiempo atrás Ruffo había acudido a la Fiscalía y ante Omar García Harfuch para ofrecerles su colaboración y la de la empresa para esclarecer la situación; señalado que este era un asunto político para lavarle la cara a morenistas corruptos. Su caso ya había sido desestimado por un juez, quien no había encontrado elementos para vincularlo a proceso. Y, repentinamente, ¡oh, sorpresa! una juez a modo (4t) encuentra elementos vinculatorios.

Pero ahí no para la campaña: se le vincula a proceso después de un interrogatorio de más de 30 horas; y Ariadna Montiel -sin previo juicio- lo acusa de "delincuente y traficante de combustible".

Su abogado hizo evidente que ser accionista de Ingemar no lo vinculaba a su operación; que la FGR no mostró evidencia que vincule a Ruffo con el contrabando de combustible, ni trazabilidad financiera que los vincule con las supuestas ganancias, pese a que Ernestina Godoy calificó el caso como “la mayor red de contrabando de combustible”, causante de un desfalco fiscal por 4 mil millones de pesos (el daño patrimonial por el Huachicol fiscal narco-morenista supera los 740 mil millones de pesos).

Resulta difícil de creer que Ruffo Appel sea presunto inocente -hasta que la autoridad le demuestre lo contrario (Sheinbaum dice lo opuesto)- cuando se le acusa de ser el único responsable del Huachicol fiscal; se le utiliza políticamente para distraer la atención de los problemas internos y externos; se violenta el debido proceso; se pretende desacreditar a la oposición, de cara al 2027; y, se busca que el caso se mantenga en la opacidad con el falso argumento de “razones de seguridad nacional”.

El gobierno está obligado a esclarecer el caso y sancionar a los responsables sin recurrir a chivos expiatorios. Resalta, frente a casos como el de La Barredora, los 14 muertos en el descarrilamiento del tren transístmico, las inundaciones e incendios en Dos Bocas, el Huachicol fiscal (que involucra a prominentes morenistas), los narcopolíticos, etc., que éstos estén congelados, y la falsa e hipócrita narrativa de combate parejo al Huachicol, cuando no se ha tocado a ningún morenista.