La afiliación partidista del titular del Ejecutivo estatal saliente determina el resultado de la siguiente elección. Así lo documenta Víctor Hernández-Huerta en un estudio publicado este año en Journal of Politics in Latin America: 238 candidaturas en 98 elecciones estatales entre 2000 y 2017. Pertenecer al partido del gobernador saliente incrementa 42 puntos porcentuales la probabilidad de ganar. Ningún indicador de desempeño (crecimiento económico, seguridad, inversión pública) muestra efecto estadístico sobre el resultado.

El estudio identifica solo una variable capaz de contrarrestar esa ventaja: una coalición opositora eleva 24.9 puntos porcentuales la probabilidad de ganar. Ninguna variable de desempeño ni de perfil del candidato alcanza ese peso.

El mecanismo detrás de esa ventaja aparece en el testimonio de quienes la enfrentaron: 21 excandidatos describen un patrón consistente, difícil de probar documentalmente. Señalan la dependencia de los organismos electorales locales de quien gobierna para su integración y presupuesto, y el uso de fondos discrecionales a favor de la candidatura oficial, práctica que rara vez deja rastro por operar en efectivo. El periodo incluye gobiernos priistas, panistas y perredistas, con la misma lógica en los tres.

El autor extiende la lógica más allá del periodo estudiado con una hipótesis: el mismo mecanismo explicaría las gubernaturas que Morena ganó a partir de 2018 en estados sin estructura territorial previa, si algunos gobernadores salientes de otros partidos optaron por no desplegar su maquinaria a favor de su propio candidato, esa misma ausencia de movilización habría abierto la puerta al triunfo de Morena.

Una explicación fácil atribuiría la desconexión entre desempeño y resultado a un electorado desinformado o indiferente. El trabajo descarta esa lectura, el electorado sí evalúa el desempeño de gobierno, pero esa evaluación individual no se traduce en el resultado agregado. La razón está en el mismo mecanismo: si el organismo electoral local depende del gobernador para su presupuesto e integración, no aplica las reglas por igual a todos los candidatos, permite fondos discrecionales a favor del oficial y deja sin sanción las irregularidades que documentan los opositores. El voto de castigo o premio existe en la intención del elector, pero se disuelve en un proceso que no está diseñado para transmitirlo sin distorsión.

La reforma de 2014 trasladó a la autoridad nacional la designación de los organismos locales, buscando reducir la injerencia del gobernador sobre su integración. Sin embargo, el estudio cubre solo tres años tras la reforma, insuficientes para evaluar su efecto.

Si la afiliación del gobernador saliente pesa más que el desempeño de gobierno, y solo la coordinación opositora revierte esa ventaja, ¿qué instrumento le queda al elector que vota solo, sin coalición que lo respalde, para controlar al poder que ya gobierna?

X: @maeggleton