Esta semana arrancó el registro de aspirantes a las coordinaciones estatales de "defensa de la transformación y la soberanía nacional". Ninguno de los 17 estados donde Morena, PT y PVEM abrieron convocatoria menciona la palabra precandidato, aunque eso es exactamente lo que son.

El nombre no es inocente. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece tiempos específicos para precampañas y campañas, y fija sanciones para quien realice actos anticipados de proselitismo: pérdida del registro, amonestación pública, multas. Morena lo sabe. Por eso sus aspirantes no son precandidatos, son "coordinadores". No hacen campaña, hacen "asambleas en defensa de la soberanía". No recorren territorios para conseguir votos, "informan a la ciudadanía y combaten la desinformación". El contenido es idéntico al de cualquier precampaña; el nombre, distinto.

La audacia sería notable si el caso se detuviera en Morena. Lo que lo vuelve diagnóstico es que ningún partido se detuvo. Todos eligieron el mismo recurso: renombrar lo prohibido hasta volverlo aceptable. La transgresión compartida por todos los actores termina administrando el sistema que debería regularlos.

El PAN llama a los suyos "coordinadores del cambio y defensa de la familia". El dirigente Jorge Romero ya reporta diez mil registrados. El PRI nombró desde marzo a cincuenta "defensores de México" que organizarán el trabajo hacia las 17 gubernaturas de 2027. Distintos nombres, misma operación, mismo calendario, mismo propósito. La oposición tuvo ocho años para renovarse, reconstruir confianza ciudadana y ofrecer una alternativa real. Eligió la imitación — rendición anticipada disfrazada de pragmatismo.

Las autoridades electorales tienen facultades para sancionar actos anticipados de campaña, pero los incentivos apuntan en sentido contrario: activar el mecanismo expone por igual a quien lo detona y a quien lo padece. El INE podría abrir expedientes, documentar la violación, emitir resoluciones. Hacerlo implicaría señalar a todos los partidos simultáneamente, en vísperas de un ciclo electoral donde su propia legitimidad ya está en disputa. Lo que vale la pena nombrar es el silencio coordinado alrededor de la violación. Nadie denuncia porque todos participan. Nadie sanciona porque la sanción exhibiría que la excepción se volvió regla.

El deterioro institucional en México es el acuerdo tácito de que las reglas existen para ser administradas. Morena las dobla con el argumento de la transformación; la oposición, con el de la supervivencia. El eufemismo cambia, la lógica no.

Lo que queda sin resolver es si los partidos que imitaron el modelo lo hicieron por pragmatismo o por convicción. Porque si fue por pragmatismo, hay una oposición que calcula mal. Si fue por convicción, ya no hay oposición.

X: @maeggleton