La autocratización electoral rara vez avanza por decreto. Avanza cuando dos gobernadores incurren en una conducta comparable frente a agencias extranjeras y el sistema decide, según el partido de cada quien, cuál de las dos conductas merece ser un delito.

Esta semana la comparación dejó de ser hipotética. El 13 de julio se conoció un segundo audio en el que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ofrece compartir información de las mesas de seguridad a cambio de resolver una posible extradición hacia Estados Unidos. Al día siguiente, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó ese intercambio como una gestión personal sin relevancia penal, y lo distinguió del caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien meses atrás acusó de permitir una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional por dejar operar a agentes extranjeros en territorio mexicano.

El objeto de escrutinio en ambos casos es, en el fondo, el mismo: una agencia estadounidense interviniendo en asuntos de seguridad dentro de México. Lo que cambia no es la conducta, es el partido de quien la protagoniza. Llamarlo doble rasero describe el síntoma pero no el mecanismo.

El mecanismo consiste en usar la filiación partidista como criterio de clasificación jurídica. La misma transferencia de información con una agencia extranjera se convierte en violación a la ley cuando la protagoniza la oposición, y en gestión personal cuando la protagoniza una aliada. No es la primera vez que ese criterio aparece: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentó señalamientos estadounidenses de naturaleza distinta pero comparable en su lógica política, y conservó el respaldo presidencial. Dos observaciones no prueban una regla, pero ya empiezan a distinguirse de la coincidencia.

La autocratización electoral no necesita anular una elección ni perseguir abiertamente a la oposición para avanzar. Le basta con vaciar el contenido de la rendición de cuentas horizontal, el control que las instituciones deberían ejercer sobre cualquier gobernante sin importar su filiación. Ese control sobrevive como forma (hay leyes, hay fiscalías, hay conferencias de prensa donde se anuncian criterios) pero pierde la función que le da sentido, que es aplicarse igual sin importar quién esté sentado en la silla. Cuando el criterio para calificar una conducta como delito depende del partido de quien la comete, la ley deja de ser un límite al poder y se convierte en una herramienta de ese poder.

Este tipo de erosión se mide en la distancia, cada vez más pequeña, entre lo que el poder puede hacer con impunidad y lo que la oposición puede hacer sin consecuencias. Esa distancia se ensancha o se cierra una conferencia de prensa a la vez.

¿Cuántas veces más puede repetirse el mismo par de calificativos (gestión personal, violación a la ley) antes de que deje de ser una decisión caso por caso y se convierta en la regla con la que este gobierno mide a los suyos y a sus adversarios?

X: @maeggleton