El sistema político y administrativo en México padece de una preocupante inercia estatutaria. Sobrevive, conectado a un respirador artificial. No da para más, y entre más tardemos en modificarlo, mayores serán las consecuencias negativas. Gobernamos el presente con estructuras diseñadas para las realidades del siglo pasado. El resultado es evidente: un aparato público atrapado en la urgencia de atender, sin éxito, los rezagos del ayer, mientras el presente se nos escapa por su dinamismo y el futuro a corto plazo se vuelve profundamente incierto. El sistema, simplemente, ya no funciona para las demandas actuales.
En su obra 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari señala que las organizaciones más exitosas del mundo contemporáneo son aquellas capaces de ser flexibles y altamente colaborativas. Esta premisa no es exclusiva del sector corporativo; es una exigencia de supervivencia para las personas, las empresas y, de manera urgente, para las instituciones públicas. Sin embargo, en México y en América Latina parecemos inmunes a esta autocrítica.
Hoy en día, el espacio público no está cuestionando el diseño administrativo ni la eficacia del sistema político. El discurso público se ha estancado en posiciones radicales y polarizadas, obsesionadas con ganar la próxima elección para capturar el poder, pero vacías de un debate constructivo sobre la reforma del Estado. Urge transitar del dogma ideológico al pragmatismo eficaz. Urge aprovechar la conectividad mundial para revisar con humildad intelectual lo que ocurre en las democracias más avanzadas del mundo, para preguntarnos qué de lo que están haciendo podría ser una buena idea aplicar en nuestro contexto. La ciudadanía no necesita discursos incendiarios; necesita un gobierno que reporte resultados tangibles.
Esta parálisis es peligrosa. La brecha entre quienes están diseñando mejor sus instituciones para que sus sociedades funcionen aprovechando además la tecnología, y quienes se quedan rezagados atrapados en sistemas burocráticos lentos, pesados, anacrónicos, y en disputas políticas estériles, se ensancha cada día más. Para un país como el nuestro, y para un estado con el empuje de Querétaro, ignorar esta desconexión es una condena al atraso.
Los líderes del siglo XXI deben tener la audacia de promover un debate democrático fresco y renovado para transitar a un sistema que incentive la colaboración. Debemos entender que nuestro andamiaje legal e institucional fue pensado para otras circunstancias históricas, y jamás se concibió como un dogma eterno e inmutable. Se vale modificarlo. La resistencia al cambio no puede privarnos del futuro deseable.
La nueva generación de líderes políticos y sociales tienen en sus manos una gran reto y una disyuntiva histórica: iniciar con seriedad una reflexión profunda sobre la gobernanza del futuro, o condenar al rezago a las siguientes generaciones. El reto para Querétaro y para México es asumir que formamos parte de un ecosistema global entrelazado que ya no tolera burocracias obsoletas. Pretender que no debemos de cambiar, bajo el argumento de que todo camina bien, puede resultarnos caro. Y es que según los indicadores nacionales en materia de seguridad, estado de derecho, competitividad, educación, salud, transporte público, combate a la pobreza, transparencia y rendición de cuentas, manejo presupuestal, inversión extranjera, formalidad laboral, turismo, entre otros, Querétaro es un referente nacional que logra mantener una gran calidad de vida para sus ciudadanos, oportunidades y visión de futuro; sin embargo, debemos reconocer que tenemos por delante retos muy complejos. En palabras del Doctor Alejandro Ruelas Gossi, innovar es una tarea que se ejecuta cuando las cosas van bien, aunque implican valentía, ya que la innovación es en sí misma una destrucción creativa, en términos de Schumpeter. Es momento oportuno para rediseñar el futuro, antes de que el pasado nos termine por rebasar.
