Nos encontramos en el segundo cuarto del siglo XXI. Sin embargo, en México seguimos operando con estructuras de gobierno concebidas para realidades políticas, económicas y sociales del siglo XX. A pesar de los profundos cambios tecnológicos, demográficos y culturales, los modelos de gestión pública permanecen prácticamente intactos.

Cada administración recibe una estructura heredada de la anterior y se limita a ocupar los cargos existentes, sin cuestionar de fondo si esa arquitectura institucional es la adecuada para atender los desafíos contemporáneos.

La dispersión de funciones entre secretarías, organismos y niveles de gobierno dificulta la coordinación y genera respuestas parciales a problemas que, por naturaleza, son complejos e interdependientes. La seguridad, la movilidad, el desarrollo económico, el medio ambiente, la salud y la educación están estrechamente relacionados, pero suelen ser abordados desde compartimentos dispersos. En consecuencia, las políticas públicas pierden eficacia.

A esta fragmentación se suma un fenómeno profundamente arraigado: la construcción de espacios de poder dentro de la administración. Con frecuencia, las dependencias funcionan como cotos políticos, donde los intereses personales prevalecen sobre los objetivos colectivos. Nuestro sistema se ha convertido en un EGOsistema, caracterizado por la concentración de atribuciones, la competencia interna y la búsqueda permanente de protagonismos.

Necesitamos: un ECOsistema gubernamental. Es decir, una estructura integrada, multidisciplinaria y colaborativa, capaz de trabajar con unidad de propósito y de mando. Un modelo donde las instituciones compartan información, recursos y capacidades para resolver problemas comunes, y donde las decisiones respondan a los intereses de la ciudadanía y no a las aspiraciones políticas de quienes ocupan temporalmente los cargos públicos.

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, las secretarías de Estado, a nivel federal y estatal, funcionaban tamboién como plataformas de sucesión política. Los titulares eran vistos como candidatos naturales para suceder al gobernador o al presidente en turno. Esta dinámica incentivaba las rivalidades internas, la acumulación de poder y la construcción de proyectos personales. Aunque los tiempos han cambiado, muchas de esas inercias siguen vigentes y continúan obstaculizando el trabajo colaborativo que exige la realidad actual.

Por ello resulta indispensable observar con atención las experiencias de los países más exitosos del mundo. En numerosos casos encontramos estructuras gubernamentales menos burocráticas, más austeras y significativamente más dinámicas. Son sistemas donde el poder se distribuye en lugar de concentrarse y donde la cooperación institucional sustituye a la competencia interna.

El caso de Suiza es ilustrativo. Su poder ejecutivo es colegiado y la presidencia tiene un carácter principalmente representativo y rota anualmente entre los integrantes del consejo. Este esquema favorece la construcción de consensos y limita la personalización del poder.

Los países nórdicos también ofrecen lecciones valiosas. Es común que distintos niveles de gobierno compartan infraestructura, edificios, vehículos, personal y servicios administrativos. Además, la participación ciudadana es intensa.

Otro aspecto fundamental es la distribución de los recursos públicos. Mientras en México la Federación concentra aproximadamente el 80 por ciento, en países desarrollados una proporción mucho mayor de los recursos se ejerce desde los gobiernos locales y regionales. Esta cercanía entre autoridad y ciudadanía permite respuestas más rápidas, eficientes y adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad.

México necesita abrir una discusión seria sobre el diseño de sus instituciones. No se trata únicamente de cambiar personas, partidos o ideologías, sino de replantear la manera en que se organiza el poder público. El futuro exige abandonar el EGOsistema que heredamos del siglo pasado y construir un verdadero ECOsistema de gobierno, centrado en la colaboración, la corresponsabilidad y los resultados para la sociedad.

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