En medio de la efervescencia mundialista, pasó casi inadvertida una noticia de enorme trascendencia para el futuro económico del país: el anuncio del secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, sobre la negativa de Estados Unidos a prorrogar automáticamente el T-MEC.

Aunque ello no significa la terminación inmediata del tratado sí abre una etapa de revisiones anuales, incertidumbre comercial y presión política permanente para México.

La revisión del tratado no es un asunto lejano ni exclusivo de especialistas: define buena parte de las condiciones bajo las cuales México exporta, importa, produce, atrae inversiones y genera empleos. La decisión de no otorgar una renovación plena obliga a nuestro país a negociar año con año aspectos sensibles.

Para dimensionar el impacto, basta revisar algunos datos. México envía alrededor de 80% de sus exportaciones a Estados Unidos y, bajo el marco del T-MEC, una parte sustancial de esos bienes accede al mercado norteamericano en condiciones preferenciales. En 2025, las exportaciones mexicanas hacia ese país alcanzaron cifras históricas, superiores a 534 mil millones de dólares, principalmente en sectores estratégicos como el automotriz, electrónico, agroalimentario y de manufactura avanzada. Esto no solo representa grandes corporaciones: también involucra proveedores nacionales, pequeñas y medianas empresas, transportistas, trabajadores técnicos y familias enteras que dependen de esa integración productiva.

Por el lado de las importaciones, México también requiere insumos, maquinaria, tecnología y bienes intermedios provenientes de Estados Unidos. Por eso, cualquier modificación abrupta en las reglas comerciales puede encarecer procesos, frenar inversiones, retrasar proyectos y trasladar costos al consumidor final.

En términos simples: lo que hoy se discute en una mesa de negociación puede terminar reflejándose mañana en el precio de productos básicos.

El problema no es sólo comercial; es de certidumbre. La inversión necesita reglas claras, horizontes de largo plazo y confianza institucional. Cuando un tratado queda sujeto a revisiones anuales, las empresas calculan con mayor cautela, los inversionistas posponen decisiones y los competidores aprovechan cualquier señal de debilidad.

En este punto cabe una reflexión inevitable: ¿la negociación emprendida por el actual gobierno fue suficiente?, ¿se defendieron con claridad los intereses nacionales?, ¿se aprovechó la fuerza que México tiene como principal socio comercial de Estados Unidos?

Es cierto que la política comercial de Donald Trump se ha caracterizado por el uso de aranceles, presión bilateral y amenazas como instrumentos de negociación. Pero precisamente por eso México requería una diplomacia económica más firme, técnica y anticipada.

También conviene recordar lo que México había logrado. En el gobierno del PRI, con todas las críticas que puedan hacerse, se impulsó una apertura comercial con el TLCAN. México dejó de ser una economía cerrada para convertirse en una plataforma exportadora integrada a América del Norte. Se crearon cadenas productivas, se atrajeron inversiones, se modernizaron sectores industriales y se abrió una ruta de crecimiento vinculada al comercio exterior.

Por eso resulta preocupante pasar de ser un socio principal en la región a un país obligado a defender, cada año, condiciones que antes ofrecían estabilidad. No se trata de nostalgia partidista, sino de reconocer que los acuerdos comerciales eran activos nacionales obtenidos durante décadas.

Así, hoy México enfrenta una doble sensación de derrota: la deportiva, por quedar fuera del Mundial, y la económica, por entrar a una etapa de incertidumbre con su principal socio comercial. La primera duele en el ánimo; la segunda dolerá en el bolsillo.