México es profundamente desigual entre regiones, y esas diferencias también determinan quién puede estudiar una carrera, dónde puede hacerlo y cuánto cuesta siquiera intentarlo. Por eso, cuando hablamos de inclusión en la educación superior, también tenemos que hablar de territorio.
Esto importa porque la educación sigue siendo una de las principales herramientas de movilidad social en México. La OCDE estima que las personas con educación superior ganan, en promedio, 56% más que quienes únicamente concluyeron el bachillerato. Sin embargo, llegar a la universidad sigue dependiendo demasiado del origen familiar: de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, apenas 9% de las personas cuyos padres estudiaron primaria o menos alcanza estudios profesionales, frente a 63% entre quienes vienen de familias con educación profesional. La universidad puede cambiar una trayectoria de vida, pero las oportunidades para llegar hasta ella siguen distribuidas de manera muy desigual.
Ahí está la importancia de la universidad pública. Para una familia que puede pagar colegiaturas, renta, transporte y manutención en otra ciudad, la falta de una opción cercana puede resolverse con dinero; para una familia que vive al día, esa misma distancia puede significar que una hija o un hijo simplemente no estudie una carrera (o la carrera que quiere, y eso también importa). La desigualdad regional se suma, entonces, a la económica: sí hacen la diferencia la escuela disponible, el acceso a internet, el costo del traslado y la posibilidad de sostener durante varios años a una persona que estudia lejos de su casa.
Por eso también me parece necesario hablar de los exámenes de admisión. El problema existe antes del examen: hay muchas más personas que buscan estudiar que espacios para recibirlas. Mientras esa diferencia continúe, las universidades tendrán que establecer algún criterio de selección. Podemos discutir cuál es el más justo, revisar sus sesgos y mejorar las condiciones en las que se aplica, pero eliminar el examen no elimina la selección. Esto tampoco significa asumir que todas las personas llegan al examen en igualdad de condiciones. Quien estudió en un buen bachillerato, tuvo profesorado suficiente, acceso a internet y pudo pagar un curso de preparación parte con ventajas frente a quien estudió en una escuela con carencias o tuvo que trabajar durante la preparatoria. Por eso necesitamos procesos transparentes, acompañados de cursos gratuitos de preparación, becas, conectividad, sedes regionales accesibles y, sobre todo, una mayor oferta pública de educación superior, pero que sea de calidad, no solo de cantidad.
Defender la universidad pública implica exigirle calidad, transparencia y procesos de admisión confiables, pero también requiere presupuesto, proyectos de expansión regional y becas y más lugares. El examen puede ser el mismo para todas y todos; las oportunidades para llegar hasta él todavía no lo son. Una universidad que se llama nacional tiene también una responsabilidad con el territorio: reconocer que Tijuana no queda cerca de todo el norte, que tampoco existe un solo sur y que la experiencia de estudiar desde una comunidad rural no es la misma que desde una gran ciudad.
