Si hay algo peor que los escándalos de corrupción en este gobierno, es la injusticia, impotencia, frustración y desesperanza social que ocasionan la presidencia y la fiscal Ernestina Godoy con su estrategia de encubrimiento: negar hechos, exigir pruebas en lugar de investigar, exculpar a corruptos, encarcelar a opositores o a personajes secundarios, perder expedientes, filtrar información, eliminar pruebas, etc., para brindar impunidad a corruptos y narco morenistas.
El manejo de la crisis, causada por Guadalupe Taddei y sus escándalos de corrupción de en el INE, corre el riesgo de recibir el mismo tratamiento dado a Hernán Bermúdez, líder de La Barredora -célula en el sureste del CJNG y a su jefe Adán Augusto López; el huachicol fiscal que generó un hueco en Hacienda por más de 600 mil millones de pesos (equivalente a ganancias que se estiman en más de 3 billones de pesos), y en el que están involucrados Andy López Beltrán, Adán Augusto, Mario Delgado, varios gobernadores, entro muchos; a Amílcar Olán y a “Bobby” Gonzalo López Beltrán por el Balasto de mala calidad vendido a los trenes Maya y Transístmico, que ha causado descarrilamientos y la muerte de 14 personas.
La fiscal Ernestina Godoy negó que existieran investigaciones u ordenes de aprehensión en contra de Andy y Adán Augusto (a pesar de las 37 denuncias penales en contra de este, interpuestas por una diputada del PAN en 2025), y sus vínculos con la Barredora, y no los citó a declarar; tampoco ha citado a declarar al ex secretario de Marina; y ha desestimado los señalamientos del ex almirante Farías Laguna, quien señaló a Adán y a Andy de ser las cabezas del huachicol, calificándolos de testimonios de oídas, sin siquiera investigar.
La UIF tampoco investiga a Amílcar Olán ni a Andy López Beltrán, sobre la transferencia a Olán, en Suiza, por más de 3 mil millones de pesos. Nada ha pasado tampoco con Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo y sus costosos viajes, ni contra la gobernadora de Baja California. Prueba de la “impunidad selectiva” es Segalmex: se persigue al exdirector administrativo, pero Ignacio Ovalle, amigo de AMLO sigue libre y sin cargos; o la ostentosa detención de Ernesto Ruffo Appel.
Una fiscalía autónoma estaría obligada a investigar y castigar la escandalosa corrupción del INE, así como la participación de Taddei y el TEPJF en el ilegal otorgamiento de la sobrerepresentación a Morena y aliados en la Cámara de Diputados, incumpliendo los preceptos legales; la elección de ministros, jueces y magistrados del acordeón, la pifia de las boletas sin doblar y la toma de 17 áreas estratégicas del INE por incondicionales suyos y de su consentido José Alfredo Hernández Casillas; y de los que estos colocaron en sus respectivas estructuras para operar las instrucciones de ambos, especialmente en el área de contratos y licitaciones a modo; así como para saber quién está detrás de estos simples operadores.
Godoy dice que no hay pruebas en el caso de Rocha Moya, Inzunza y otros 6 políticos denunciados por EE. UU. de tener vínculos con cárteles. La investigación va más lenta que un engranaje Gugol.
Sobre Taddei y su socio, el PAN dice que la FGR no ha iniciado una investigación de oficio y presentaron una denuncia el 27 de octubre.
A pesar de que Sheinbaum ofreció mecanismos para impedir que narcopolíticos ocupen cargos de elección popular, algunos candidatos morenistas son señalados de lo mismo, pero no se investiga.
¿Será que Taddei tenga el mismo padrino de ellos, o que posea información electoral comprometedora -para Sheinbaum y la 4t- para merecer impunidad? En este tenor se entendería la negativa de Sheinbaum a aceptar los errores de sus cercanos.
Más delicado que el caso de Taddei es el encubrimiento de Ernestina Godoy en la FGR a morenistas corruptos. Ernestina es corresponsable del ambiente de injusticia e impunidad en el país. Si alguien tiene que salir del gobierno para que el país mejore, es ella.
