Miente AMLO cuando dice que se acabó la corrupción. ¡La 4t rompe récords de corrupción en número de delitos y montos! Se podría decir que en solo 8 años han superado los montos de la corrupción acumulada desde 1929 hasta 2018; que los viejos vicios les ayudan para reafirmarse en el poder.

Al igual que antes, AMLO no tuvo voluntad política para castigar -y menos erradicar- la corrupción ni de su gobierno ni de los que le precedieron; dejó intocada la no rendición de cuentas de gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, respecto de los recursos que se les asignan a través de varios ramos presupuestales; un porcentaje de los cuales suele desviarse, ilegalmente, a actividades diferentes a las etiquetadas; además de “perdonar” a corruptos que se sometieron a su liderazgo.

México nunca ha tenido un sólido Estado de derecho. Se le ha debilitado mediante sistemas de justicia corruptos, ineficientes, lentos -y ahora de policías, fiscalías y el Poder Judicial cooptados por cárteles y la 4t-. La opacidad ha sido una de sus constantes, lo cual impide la trazabilidad de decisiones de gobernantes, a pesar de existir leyes que privilegiaban la máxima información y la transparencia; evitando la rendición de cuentas o sancionar errores, incompetencias o corrupción de servidores en obras públicas: AIFA, Tren Maya, Dos Bocas, Tren Transístmico, etc.

Reducciones a salarios de la burocracia y a presupuestos gubernamentales, como el bajo nivel de pensiones, castigan la eficiencia gubernamental, ahuyentan a profesionales del servicio público y motivan la corrupción.

La impunidad se mide en que más del 93% de los delitos no se denuncian; del 100% de los denunciados, solo el 1% se castiga; se acusa por consigna y sin pruebas; se encubre a morenistas corruptos (Andy, Adán Augusto, Audomaro, Amílcar, etc.) en mega fraudes como Segalmex, huachicol fiscal y ahora el presunto desvío de recursos mediante el pago a beneficiarios inexistentes de Pensionados del Bienestar (entre 500 mil y millón y medio de beneficiarios no acreditados), según padrones de Conapo e INEGI.

Y qué decir del financiamiento ilícito a campañas políticas a la presidencia, gubernaturas, presidencias municipales, senadurías y diputaciones, por parte del bloque de Morena-PT-PVEM, con el conocimiento presidencial y la complicidad del INE. O la excesiva concentración de poder en AMLO (Maximato), que acabó con la división de poderes, los contrapesos institucionales, y pretende poner fin a la alternancia democrática. De la omisión de la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, instituciones de procuración de justicia o las instancias de seguridad nacional, que selectivamente persiguen delitos de oficio cometidos por opositores, y dejan impune la corrupción de morenistas.

Se incumple la normativa en materia de licitaciones; se eliminó el INAI para impedir la fuga de información que llevara a la denuncia de delitos; se persigue a periodistas, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas que investigan y combaten la corrupción.

El gobierno de la República que realmente quiera erradicar la corrupción e instaurar un Estado de derecho, requiere del concurso de la sociedad, creando instituciones ciudadanizadas que vigilen, denuncien, inhabiiten y castiguen a funcionarios corruptos de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes; los obliguen a rendir cuentas, a ser transparentes y sancionen sus incompetencias y corruptelas; y motiven a la ciudadanía a denunciar.

Si se combatiera la ineficiencia y corrupción de la 4t, que supera récords históricos, no habría necesidad de endeudar al país, mayor disponibilidad de recursos públicos y se incrementaría la recaudación.

De la ficción política titulada “no mentir, no robar, no traicionar”, destacan quienes también roban a los pobres, a quienes dijeron defender. Es cierto, “no son iguales”, son peores que los anteriores. Eso también es histórico.