¡La corrupción de los gobiernos anteriores no justifica la de los actuales! Mucho menos cuando quienes hoy gobiernan llegaron al poder prometiendo no administrarla, encubrirla ni solaparla, sino su erradicación total (ver el Programa de acción de Morena).
Recordemos que millones de mexicanos votaron en 2018 por un cambio. La corrupción, los abusos del poder, los privilegios y la impunidad fueron razones fundamentales del rechazo a los partidos tradicionales. Combatir la corrupción fue una de las principales promesas de Morena.
También recordemos que AMLO, en enero de 2023, afirmó: «Si el de arriba es corrupto, todos los demás van a ser corruptos» y «Si no hay corrupción arriba, no tiene por qué haber corrupción abajo».
No olvidemos que AMLO convirtió la frase «No robar, no mentir y no traicionar al pueblo» en la máxima moral de su movimiento (Fuente: Declaración de principios). También prometió gobernar con el ejemplo y limpiar al gobierno de corrupción «como se barren las escaleras, de arriba para abajo». Principio que la presidenta Sheinbaum ha dicho es suyo en un sinfín de ocasiones.
Por ello, utilizar hoy las corruptelas del pasado para justificar las actuales contradice una de las promesas centrales de López Obrador y su denominada Cuarta Transformación.
Desgraciadamente, la realidad nos muestra que las promesas no solo no se cumplieron, sino que la corrupción, en el mejor de los casos, permaneció igual y en algunos aspectos se agravó. Datos oficiales y verificados así lo señalan:
Según Transparencia Internacional, México obtuvo 28 puntos de 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2018. En 2025 obtuvo apenas 27. ¡Siete años después, prácticamente seguimos igual!
Por otra parte, el IMCO documentó que las adjudicaciones directas representaron el 36% del monto de las compras públicas federales en 2018 y el 43% en 2020.
El INEGI, en 2024, reportó que el 81.5% de los contratos de adquisiciones y servicios en los ámbitos federal y estatal se adjudicó directamente, sin licitación pública, una práctica que reduce la competencia y aumenta los riesgos de favoritismo, sobreprecios y corrupción.
La ENCIG del propio INEGI revela que, entre 2017 y 2025, la tasa de ciudadanos que experimentaron corrupción en sus contactos con autoridades aumentó 6.9%.
A lo anterior se suma la desaparición del INAI y también las reservas de información sobre obras prioritarias bajo el argumento de seguridad nacional. Hecho que nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué dificultar el acceso a información sobre contratos y obras pagadas con nuestros impuestos? ¿Qué irregularidades podrían quedar ocultas?
Es importante aclarar que no se trata de defender la corrupción de los gobiernos anteriores. Sus responsables deben ser investigados y sancionados, igual que los actuales.
Finalmente, vale la pena preguntarnos: ¿De qué sirvió sacar del poder a quienes eran señalados por corruptos, si quienes prometieron acabar con la corrupción ahora utilizan los abusos de sus antecesores para justificar los propios?
¡El pueblo no votó para cambiar de corruptos, sino para acabar con la corrupción!
Exsenador. @tamborrelmx
