En estas semanas, los informes volvieron a ocupar la agenda pública. Diputados, presidentes municipales y el gobernador de Querétaro entraron al periodo previsto por la ley para difundir sus informes anuales. En el ámbito federal, la presidenta de México entregó su informe al Congreso de la Unión y ofreció un mensaje ciudadano en Palacio Nacional. Cambian los escenarios y los protagonistas, pero permanece una pregunta: ¿a quién debe estar dirigido realmente un informe?

Durante años hemos convertido estos ejercicios en acontecimientos políticos. Hay invitados, discursos, videos, cifras cuidadosamente seleccionadas y mensajes diseñados para destacar logros. En ocasiones, el formato termina pareciéndose más a una estrategia de comunicación que a un ejercicio de rendición de cuentas. Y ahí está el problema.

Un informe debería permitir responder preguntas bastante sencillas: ¿qué prometió un gobernante?, ¿cuánto dinero tuvo disponible?, ¿en qué lo gastó?, ¿qué resultados obtuvo? y, especialmente, ¿qué quedó pendiente?

La legislación puede establecer la obligación de presentar documentos y abrir periodos para su difusión, pero cumplir con ese requisito no necesariamente significa rendir cuentas. Informar es proporcionar datos. Rendir cuentas supone algo adicional: permitir que esos datos sean contrastados, responder preguntas y explicar las diferencias entre lo prometido y lo realizado.

Hay experiencias internacionales que ofrecen pistas interesantes. En Reino Unido, por ejemplo, el primer ministro responde periódicamente preguntas ante el Parlamento. En Brasil, las cuentas presidenciales pasan por la revisión del Tribunal de Cuentas antes del análisis político del Congreso.

Son modelos distintos y ninguno tendría que copiarse literalmente en México, pero comparten una idea: quien gobierna no debería tener el monopolio sobre la evaluación de sus resultados.

México tiene mecanismos posteriores al informe. El Congreso puede analizar el documento presidencial, formular preguntas y llamar a comparecer a integrantes del gabinete. En los estados y municipios también existen instrumentos de fiscalización y revisión. Sin embargo, para buena parte de la ciudadanía, el momento más visible continúa siendo el mensaje del gobernante y no el proceso mediante el cual sus cifras son revisadas.

Por eso, quizá la discusión sobre los informes debería abandonar la pregunta de si hubo un buen discurso, muchos invitados o suficiente difusión. La pregunta tendría que ser ¿qué ocurrió después?

Un formato más útil podría combinar el documento de resultados con datos públicos comparables, revisión independiente, preguntas directas, respuestas verificables y seguimiento a los compromisos pendientes. Incluso sería conveniente que cada informe comenzara recuperando las metas establecidas un año antes.

Porque un informe puede durar una hora y una campaña de difusión varias semanas. La rendición de cuentas, en cambio, debería durar todo el año.