La propuesta del gobernador Mauricio Kuri para establecer un protocolo que cierre el paso a candidaturas vinculadas con el crimen organizado tiene un primer mérito: poner el problema sobre la mesa antes de las elecciones de 2027. Generar conversación y conciencia social importa. Obliga a partidos, autoridades y ciudadanos a preguntarse quiénes buscan el poder y qué intereses pueden estar detrás de una candidatura.

Pero una cosa es generar conciencia y otra construir un mecanismo capaz de detectar la infiltración criminal.

El Instituto Nacional Electoral ya avanzó en esa dirección con la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, creada para coordinar, de manera voluntaria, consultas con instituciones como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Es un paso jurídicamente más estructurado, aunque todavía falta observar cómo funcionará en la práctica. La Comisión no investiga delitos ni puede impedir por sí misma una candidatura. Sirve como puente entre partidos y autoridades que poseen información relevante.

Ahí aparece el límite de los filtros basados principalmente en documentos.

Pedir declaraciones patrimoniales y fiscales, constancias de antecedentes penales o documentos que acrediten determinada trayectoria puede elevar el costo de mentir y revelar inconsistencias. El problema es asumir que la ausencia de registros equivale a la ausencia de vínculos criminales.

La lógica de una organización delictiva es precisamente la contraria: evitar dejar rastros.

Un aspirante puede tener sus documentos en orden y, aun así, actuar mediante intermediarios, recibir financiamiento ilegal, mantener relaciones con estructuras criminales o esconder intereses económicos detrás de terceros. Una constancia difícilmente detectará por sí sola esas redes.

Por eso, el problema de las narcocandidaturas rebasa el terreno electoral. Es también, y quizá principalmente, un asunto de política criminal.

Fiscalías, unidades de inteligencia financiera, autoridades de seguridad y tribunales son quienes tienen las herramientas legales para convertir indicios en investigaciones, investigaciones en pruebas y pruebas, cuando corresponda, en consecuencias jurídicas.

Esto tampoco significa que los protocolos sean inútiles. La transparencia patrimonial, la fiscalización del dinero y la revisión de candidaturas pueden funcionar como capas preventivas. También pueden aumentar la responsabilidad política de los partidos sobre las personas que deciden postular.

La conversación propuesta desde Querétaro, entonces, resulta pertinente. El riesgo sería confundir el mecanismo con la solución.

Cerrar el paso del crimen organizado a las elecciones requiere ciudadanía alerta y partidos responsables, pero sobre todo instituciones capaces de investigar las redes criminales antes de que lleguen a la boleta.