México no cae, lo empujan. Y esta vez, lo empujan con monederos electrónicos. La entrega de tarjetas Broxel a 254 diputados de Morena, con saldos precargados de 10 mil pesos cada una, ha despertado un fantasma que muchos creían enterrado: el caso Monex de 2012. No porque sea idéntico, sino porque el modus operandi se parece demasiado: dinero plástico, opacidad y sospecha justo antes de un proceso electoral.

La cifra asusta: 63 millones 500 mil pesos. Cinco monederos por legislador, diez mil pesos cada uno. Morena asegura que son parte de las prerrogativas ordinarias para tareas de gestión parlamentaria, administrativa y de representación popular. Pero la pregunta no es si la ley lo permite o no; la pregunta es si la ciudadanía puede confiar en un esquema que dispersa recursos públicos sin comprobantes individuales por cada gasto.

En 2012, el PRI y el PVEM entregaron tarjetas Monex a operadores políticos. López Obrador, entonces candidato, denunció que eran para comprar votos. El TEPJF terminó exonerando al PRI, señalando que no se acreditó compra de voto, pero ordenó investigar el destino de 6.8 millones de pesos. La herida quedó abierta. Hoy, expertos en transparencia ven en las tarjetas Broxel un patrón similar.

La diferencia es que ahora quien entrega las tarjetas es Morena, el partido que llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción y la discrecionalidad. La ironía es brutal. El partido que criticó el Monexgate ahora enfrenta acusaciones de replicar su mecánica. No hay resolución que determine irregularidades, aclaran los expertos, pero la percepción pública ya está contaminada.

Lo grave no es solo el monto. Es el momento. Faltan dos meses para que arranquen las precampañas de 2027. Entregar recursos sin comprobantes en plena víspera electoral es, como mínimo, una provocación a la desconfianza ciudadana. La transparencia no se demuestra con discursos, se demuestra con rendición de cuentas clara, auditable y oportuna.

Morena dice que es legal. Puede serlo. Pero legal no siempre es ético, y ético no siempre es suficiente. La ciudadanía merece saber exactamente en qué se gastó cada peso, quién lo autorizó y con qué criterio se distribuyó. Si no hay esa claridad, el monedero electrónico se convierte en símbolo de lo que prometieron combatir: opacidad, privilegio y discrecionalidad.

Al final, la pregunta es la misma de siempre: ¿para quién es el dinero? Si es para fortalecer la gestión parlamentaria con evaluación pública, que se demuestre. Si es para preparar la maquinaria electoral con recursos opacos, entonces México no solo cae: lo empujan, otra vez, con plástico en mano.