El pasado 15 de agosto venció el primer plazo para registrar líneas telefónicas, una medida impuesta por el gobierno federal con la finalidad de combatir el delito de extorsión; sin embargo, la resistencia de los usuarios ha sido evidente. La pregunta no es si debe combatirse ese delito, sino por qué tantas personas desconfían de entregar su información personal.

Recordemos que en el mes de junio del año pasado se emitió la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un ordenamiento que fue ampliamente criticado por la oposición y los medios de comunicación por contener una serie de disposiciones que debilitan el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.

Pero lo que más preocupó a la población fue la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (que sustituyó al organismo autónomo IFT) para expedir lineamientos en materia de registro de líneas telefónicas. Bajo el argumento de combatir la extorsión, el gobierno federal anunció que todas las personas dueñas y usuarias de líneas telefónicas celulares deberán registrarlas a su nombre. Y no es un registro cualquiera: se pide comprobar la identidad mediante el INE y una “prueba de vida” fotográfica.

A primera vista, esto parece una buena idea para controlar de manera más eficiente el uso de estos dispositivos y combatir la delincuencia; sin embargo, la población en general está en contra de la medida. Y no porque pretendan utilizar sus líneas con fines ilícitos, sino por una razón más simple y de sentido común: no hay confianza en el gobierno.

¿Quién asegura que los datos obtenidos serán realmente resguardados? ¿Quién cuidará que no sean utilizados con otros fines, políticos o económicos? ¿Qué garantiza que no llegarán a manos del crimen organizado y terminarán incentivando aquello que se supone deben erradicar: la extorsión?

La realidad es que este gobierno de Morena no puede pedirnos confianza a ojos cerrados. Sus claros vínculos con el narcotráfico y las acusaciones de las autoridades norteamericanas sobre personajes de su cúpula no permiten a la población confiar en que sus datos serán protegidos y en que no caerán en manos de los delincuentes.

Ahora, después de una prórroga, algunos usuarios han comenzado a manifestar su descontento (justificado) porque sus líneas les han sido suspendidas; mientras tanto, en paralelo, las últimas cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública anuncian que la extorsión ha alcanzado los niveles más altos y alarmantes de los últimos 11 años. Cabe precisar que, en 8 de cada 10 casos, el origen de este delito se ha detectado en centros penitenciarios.

Sin duda, el delito de extorsión es un mal que debe ser exterminado de inmediato y, para ello, las autoridades deben hacer uso de todas las herramientas que la tecnología les ofrece; pero creo que el error de origen está en el contexto en que se pide esa prueba de confianza. Tras la ola de señalamientos (cada vez más graves) sobre los vínculos que tienen varios integrantes del oficialismo con el crimen organizado, es lógico pensar que no existen las condiciones de credibilidad para pedirle a la población un compromiso tan delicado como entregar su información personal.

En este contexto, me pregunto: ¿Fue buena opción atemorizar a la población con suspender sus líneas telefónicas? ¿No era más viable reforzar los controles de seguridad e inhibidores de señal en los penales del país? ¿Realmente las personas que delinquen registrarán sus equipos telefónicos? Todo esto nos deja ver que la idea de pedir los registros fue la “salida fácil”, pero no la mejor ni la más efectiva.

Antes que eso, el gobierno debió fortalecer su credibilidad demostrando un verdadero compromiso contra la delincuencia y dejando de proteger a ciertos personajes señalados por el gobierno norteamericano como aliados del narcotráfico.

Hasta en tanto no se realice esa labor de convencimiento, difícilmente la población responderá positivamente a medidas tan comprometedoras como el registro de líneas telefónicas, pues como bien reza el dicho popular: en el pedir está el dar.