La semana pasada se dieron a conocer dos hechos lamentables que ponen en riesgo la libertad de expresión y la pluralidad democrática: la censura del INE al PRI por señalar al oficialismo como un partido aliado del crimen organizado, y el proyecto de lineamientos para regular el derecho de las audiencias presentado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Aunque se trata de decisiones distintas, ambas apuntan a un mismo objetivo: limitar la crítica cuando ésta es incómoda.
En cuanto al primer tema, la resolución del INE sobre censurar y sancionar al PRI por divulgar lo que para todos es conocido, no solo es desafortunada sino regresiva en el avance de la libertad democrática. No solo se trata de un acto abierto y directo de censura, sino además, de un claro favoritismo hacía el partido gobernante, el cual está abiertamente acusado de conspirar en favor de organizaciones criminales. Ahora resulta que hablar con la verdad y en plena libertad es motivo para ser multado.
Pero además, es una decisión regresiva considerando los antecedentes que envuelven casos similares. ¿Qué habría pasado si esa misma regla se le hubiera aplicado al expresidente López Obrador cuando hablaba de “la mafia del poder” o del “PRIAN”? Apelativos ofensivos que vaya que le dieron puntos favorables en su campaña política.
México ha evolucionado y su democracia también. Con las redes sociales y la pluralidad de medios de información que existen a la mano, es imposible pensar en aplicar reglas irrestrictas a la libertad de expresión. No se trata de crear o impulsar una campaña de desprestigio como pretende hacer ver la autoridad electoral, sino de difundir el mensaje ciudadano y lo que la mayoría de las personas piensan sobre el partido en el poder. Un partido cuyos integrantes no solo son señalados y acusados abiertamente por el gobierno de los Estados Unidos de estar vinculados con el narcotráfico, sino que además, gozan de total impunidad ante un gobierno federal complaciente y tolerante. Ahí están personajes como Rocha Moya, Inzunza o Adán Augusto, entre otros.
Así, termina siendo una total ironía que, quienes se beneficiaron durante décadas con apelativos y calificativos que mermaron gravemente la imagen de la ahora oposición, ahora se desgarren las vestiduras ante una situación similar, con la diferencia clara que estos señalamientos hechos por el PRI tienen sustento.
Por otro lado, como si la censura orquestada desde el poder no fuera suficiente, recientemente se dio a conocer un proyecto de lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que buscan regular el “derecho de las audiencias”. Un intento abierto y burdo de controlar la opinión pública y la difusión de información, al puro estilo de los gobiernos dictatoriales de Venezuela y Cuba. Dichos lineamientos demuestran el verdadero rostro del oficialismo y su tendencia a concentrar más poder. Claro, como la crítica les resulta incomoda, es necesario poner candados y condiciones para evitar “mensajes incomodos” o “inapropiados”.
¿Realmente necesitamos medidas tan estrictas como éstas? o ¿No será mejor ampliar los márgenes de la discusión pública y el debate político? ¿Qué beneficia más a la democracia, la apertura o la cerrazón? Considero que en una democracia plural, la respuesta frente a señalamientos incómodos no debe ser la censura, sino la deliberación abierta, el contraste de argumentos y la rendición de cuentas.
Así, en pleno siglo XXI, era de la información global, el gobierno de la 4T impone restricciones a la libertad de expresión y confirma una tendencia preocupante: limitar la crítica, proteger al poder y reducir los márgenes de la libertad política.
