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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Manuel Septién Olivares, informó que la nueva Ley Federal de Protección de Víctimas proporcionará seguridad a quienes han sido afectados por algún delito, puesto que incluirá rubros de seguridad social. Esta ley federal tiene que entrar a discusión por parte del Congreso local para ser aplicada en los próximos 60 días.
La Ley Federal para la Protección a Víctimas prevé la creación de un Centro Federal de Protección a Personas, como órgano desconcentrado y especializado de la PGR, que contará con autonomía técnica y operativa del Programa Federal de Protección a Personas.
De esta forma, se protegerán los datos de quienes colaboren con el programa y garantizará la aplicación de medidas de protección para que durante el proceso penal se reserve su identidad en las diligencias en que intervenga, evitando que en las actas se haga mención expresa de los nombres de las personas que colaboran con el programa; además, se hará uso de métodos que imposibiliten su identificación visual o auditiva.
Podrán incorporarse al programa: víctimas, ofendidos, testigos, testigos colaboradores, peritos, policías, ministerio público, jueces y miembros del Poder Judicial, o quienes hayan colaborado eficazmente en la investigación o el proceso; quienes se incorporen no pueden condicionar su ingreso o estadía en el mismo. “Esta ley se tiene que implementar. Se le da un término de 60 días al Congreso local para que se pueda aplicar, por lo que se tiene que adecuar a nuestra entidad, pero traerá muchos beneficios directamente a las víctimas de algún delito”.
El magistrado queretano destacó que la nueva ley facilita la determinación de la calidad de víctima de los afectados “establece un amplio catálogo de derechos reconocidos a las víctimas y se incorporan medidas para restablecer el ejercicio pleno de sus derechos”, crea además varias instancias, entre las que destacan la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, en la que participarán organizaciones de la sociedad civil, y el Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral, que brindará recursos económicos para resarcir a las víctimas.
Carlos Septién Olivares explicó que en Querétaro se beneficiará hasta con servicios de salud a los ciudadanos que han sido víctimas del delito y garantizará el acceso a la información y proporcionará una mayor rapidez en la impartición de justicia en el estado.
Este sistema deberá de entrar en operación en los próximos 60 días una vez aprobada por el Congreso local y estará constituido por todas las instituciones públicas federales, estatales y municipales, así como organismos autónomos y demás organizaciones encargadas de la protección, ayuda y defensa de las víctimas.
Será hasta que el Congreso local apruebe cuando la implementación de esta ley se ponga en práctica.
