Esta semana, el gobernador Mauricio Kuri compartió con orgullo que Querétaro se posicionaba nuevamente en primer lugar en el índice de Estado de Derecho, según el reporte anual de la organización World Justice Project. Sin embargo, al analizar el reporte, nos encontramos con una realidad que no invita a la celebración, sino a la reflexión.

El Estado de Derecho es esencial para una gobernanza efectiva y justa. Este principio implica que todas las personas, instituciones y entidades estén sujetas a la ley, la cual debe ser equitativa y respetuosa de los derechos humanos. El World Justice Project elabora un reporte anual que mide el estado de derecho en diferentes países, proporcionando una herramienta crucial para evaluar y comparar su implementación. En 2023, México obtuvo un puntaje de 0.42 en el índice global, ubicándose en el lugar 116. Dinamarca, el número uno, tiene un índice de 0.90, lo que deja claro que nuestro país está reprobado en esta materia.

Los puntajes se miden en una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. En el contexto nacional, ningún estado mexicano aparece en verde, color reservado para los que superan un puntaje de 0.50 y representan, en diferentes tonalidades, una “adhesión más fuerte”. De acuerdo con el reporte 2023- 2024 de la organización, “ningún estado de acerca a una calificación perfecta”, más bien, esto “pone en evidencia los retos persistentes de todos los estados”.

Querétaro, aunque es el mejor evaluado entre los 32 estados, apenas alcanzó un puntaje de 0.49. Nuestro vecino, Guanajuato, obtuvo el segundo lugar, con 0.47. Además, nuestro estado obtuvo una calificación aprobatoria —de panzazo— en sólo tres indicadores: justicia penal (0.51), derechos fundamentales (0.59) y límites al poder gubernamental (0.51). En los demás, se mantuvo entre 0.43 y 0.49, y en algunos subapartados, como ausencia de crimen y libertad religiosa, estuvo por debajo del promedio nacional. En ausencia de crimen, el indicador marcó un preocupante 0.29, muy lejos de lo deseable.

En cuanto a la corrupción, el reporte muestra un estancamiento general en el Factor 2: Ausencia de Corrupción. Querétaro, junto con otros 19 estados, vio un deterioro en la ausencia de corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia. Además, en derechos laborales, Querétaro no aparece entre los estados que registraron mejoras. La caída en la participación ciudadana también es notable, con una baja en el puntaje del subfactor que mide la efectividad de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas.

Estos datos reflejan una realidad compleja y preocupante. Si bien hay aspectos en los que Querétaro muestra avances, como en justicia penal y derechos fundamentales, la falta de mejoras sustanciales en otros indicadores críticos, como la ausencia de corrupción y la participación ciudadana, demuestra que hay mucho trabajo por hacer. La celebración del primer lugar en el índice de Estado de Derecho parece, por tanto, prematura e injustificada.

En lugar de celebrar logros incompletos, debemos enfocarnos en las áreas donde aún fallamos y trabajar para convertir esos puntos débiles en fortalezas. La transparencia, justicia y seguridad no son metas inalcanzables, pero requieren un compromiso genuino y acciones concretas. Es hora de que Querétaro no sólo aspire a ser el mejor de un grupo mediocre, sino a ser verdaderamente ejemplar en Estado de Derecho.