PorJosé Luis de la Cruz Gallegos

Uno de los factores que han limitado el desarrollo de México es la ausencia de un proyecto de largo plazo que genere acuerdos mínimos. Desde la década de los años ochenta el país administra crisis económicas recurrentes, los cambios que se han implementado al modelo sólo alcanzan para tener un crecimiento económico de 2.5% en promedio por año.

La promesa perenne ha sido que nuevos ajustes al modelo económico permitirán obtener mejores resultados, los cuales siguen sin llegar.

Ante la falta de un proyecto de nación, México ha debido seguir los lineamientos de política económica diseñados desde el exterior. Las recomendaciones e imposiciones de los organismos internacionales han determinado el rumbo de la política económica del país.

Además, lejos de adaptar las ideas de liberalización económica y financiera a la realidad nacional, los arquitectos de la política nacional han buscado condicionar las estructuras socioeconómicas e institucionales de México a los postulados teóricos externos. Evidentemente que eso es un contrasentido, la realidad social de un país es la consecuencia de un proceso histórico, algo que no se cambia con un nuevo marco legal.

Una limitante adicional es que se renunció a realizar propuestas de política económica enfocadas al desarrollo que trasciendan más allá de un sexenio, todo se limitó a la apertura en todas sus vertientes: comercial, financiera y privatización. Se ha pensado que con eso el crecimiento llegará por sí solo, la mano invisible hará el trabajo que le corresponde a la política económica.

Lejos del imaginario político nacional quedaron otros mecanismos de política que se aplican exitosamente en el resto del mundo.

México no se ha planteado el desarrollo de los elementos relevantes para competir favorablemente en el proceso de globalización económica. Todavía más lejos se encuentra el utilizar la apertura económica para resolver exitosamente los problemas internos del país.

El error fundamental es haberse quedado como un país maquilador, un lugar en donde se tiene la presencia de todas las grandes empresas trasnacionales pero en donde la mayor parte del aparato productivo se encuentra excluido de proceso exportador.

Un desequilibrio adicional es el endeudamiento público. El gobierno no tiene los recursos financieros suficientes para encaminar a la economía por otro rumbo, y los que tuvo con el boom petrolero fueron mal aprovechados. En la década de los años ochenta se le denominó como “deuda eterna”, básicamente por su magnitud, más de 100 mil millones de dólares de aquella época que comprometieron el futuro de México.

A pesar de las negociaciones, la deuda y los pasivos contingentes siguen representando un factor que restringe la acción del gobierno, cada sexenio se aplican programas de ajuste fiscal que normalmente se dirigen a la construcción de infraestructura.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben modificar la situación descrita. En estos momentos se debaten iniciativas de ley que pueden ayudar a ello. Estas van desde la construcción de las zonas económicas especiales hasta las de contenido nacional y de transición energética. A esto se agregará la firma del acuerdo comercial denominado como TPP.

Cada uno de estos temas requiere un análisis particular pero en su conjunto representan al posibilidad de reconstruir a México o de condenarlo a continuar bajo la inercia de bajo crecimiento que ha predominado durante los últimos 30 años.

Sin lugar a dudas las iniciativas descritas deben privilegiar el desarrollo económico y social, a través de inversión productiva y la formación de empleo formal.

La formación de las zonas económicas no debe generar maquiladoras y la iniciativa de transición energética no debe encarecer el consumo de electricidad. Esto es algo que analizaremos durante en las siguientes semanas.

Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico

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