La diputada del PT y presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas, Claudia Díaz Gayou, defendió la competencia de dicho órgano legislativo para revisar el trabajo de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) y aseguró que los dictámenes aprobados evidencian fallas sustantivas en el ejercicio 2024.
En rueda de prensa, subrayó que la comisión actuó conforme al acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política, el cual le faculta para analizar los informes individuales y el informe general, verificar el cumplimiento de la normativa y emitir los dictámenes correspondientes.
“La Comisión Especial tendría por objetivo revisar los informes individuales y el informe general, y emitir el dictamen conducente”, señaló, al rechazar los señalamientos sobre una supuesta falta de atribuciones.
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Dijo que, a cuatro meses de trabajo, se ha dictaminado el 98% de las cuentas públicas, con 53 expedientes procesados, incluidos 52 dictámenes individuales y el informe general del ejercicio fiscal 2024, aprobados con dos votos a favor y uno en contra. Indicó que todos los dictámenes fueron emitidos en sentido de “no revisadas”, al considerar que la ESFE incumplió con los criterios técnicos y legales que rigen la fiscalización.
Entre las principales irregularidades, destacó una cobertura limitada del universo fiscalizable. “De 97 entidades que manejan recurso público, sólo se fiscalizaron 56, es decir, el 57.7%. En cuanto al gasto, únicamente se revisó el 64.9% del total”, añadió.
A ello sumó la ausencia de un modelo de muestreo claro, ya que, dijo, en ninguno de los informes individuales se establece cómo se seleccionaron las entidades o los recursos auditados.
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También señaló inconsistencias en el cumplimiento de la normativa, particularmente del artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
Díaz Gayou acusó además deficiencias en los informes, al no pronunciarse sobre el cumplimiento de leyes clave como la de ingresos, deuda pública o contabilidad gubernamental.
“El 80% de los informes incluye información como el RFC, lo que permite identificar directamente a personas, violando la ley de transparencia”, dijo.
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