El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá tres nuevos consejeros antes de que termine esta semana. El proceso que los produjo merece más atención de la que ha recibido: ocurrió dentro de los cauces institucionales, con procedimientos reconocibles y, por eso, pasó casi inadvertido. Esa invisibilidad es precisamente su eficacia.
La politóloga Nancy Bermeo identificó hace una década una modalidad de deterioro democrático que llamó executive aggrandizement: la erosión de los contrapesos institucionales desde adentro del poder formal, sin golpe, sin decreto autoritario, sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que el sistema se rompió. Los gobiernos que la practican sustituyen árbitros, no necesitan eliminarlos. Usan los procedimientos existentes para producir resultados que esos procedimientos, en teoría, deberían impedir.
El proceso de designación al Consejo General del INE es un caso de laboratorio. Hubo convocatoria, comité técnico, exámenes, entrevistas y paridad. El andamiaje formal funcionó. Sin embargo, la lista de 50 finalistas apareció publicada pasada la medianoche del viernes 17 de abril con perfiles que varios observadores identificaron de inmediato: funcionarios cercanos a la actual presidenta del Consejo General, excolaboradores del partido en el gobierno, nombres que circulaban en chats internos de Morena antes de que el comité terminara su trabajo. La opacidad fue el método, no un descuido.
Monreal respondió que el comité es autónomo y que él no pedirá explicaciones. La frase es técnicamente correcta y políticamente reveladora: la autonomía formal del comité es precisamente lo que hace funcionar el mecanismo. Si el gobierno hubiera intervenido directamente, habría un acto impugnable. Al operar a través del diseño institucional, con una mayoría parlamentaria que, vía la Jucopo, fija los tiempos y el contexto en que el comité delibera, el resultado llega limpio de huellas.
Bermeo advierte que esta forma de erosión es la más difícil de combatir porque no activa las alarmas que activa un golpe. La ciudadanía no sale a las calles cuando un director de Talleres Gráficos de México aparece en una quinteta para el INE. El problema es que, sumado al Tribunal Electoral ya alineado, un Consejo General con mayoría afín al gobierno en funciones convierte al árbitro electoral en parte interesada. Y eso, de cara a 2027, importa más que cualquier reforma en papel.
Un árbitro electoral que debe su puesto a quien va a arbitrar es, en el mejor de los casos, funcional. Y la funcionalidad tiene consecuencias que no se ven en la designación sino en las decisiones que vienen después: en la validación de un padrón cuestionado, en la resolución de una queja contra el partido en gobierno, en el umbral que separa una irregularidad de una causal de nulidad. De cara a 2027, esa es la reforma que nadie aprobó, nadie firmó y nadie puede impugnar, pero que ya determina quién custodia los votos.
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