El domingo 31 de mayo, Claudia Sheinbaum celebró el segundo aniversario de su triunfo electoral con un acto de movilización. La Presidenta enumeró cifras de inversión, empleo y programas sociales y después viró hacia la denuncia de la ultraderecha internacional y terminó con una convocatoria explícita a sus simpatizantes para salir a las plazas a repartir volantes y periódicos en defensa de la soberanía. Los aplausos más intensos no acompañaron a las cifras. Llegaron con las palabras independencia, intervención y dignidad nacional.
El giro no fue espontáneo. Llega después de que el Congreso aprobó una reforma que crea una causal de nulidad electoral por injerencia extranjera (con una cláusula residual de contenido abierto que el TEPJF deberá definir caso por caso) y cuya acreditación depende estructuralmente de instancias del Ejecutivo federal. La narrativa de soberanía y el instrumento legal que la operacionaliza llegaron juntos. Esa coincidencia merece atención analítica, no solo periodística.
Lo que el formato del acto revela es una decisión estratégica: el gobierno considera que su posición requiere movilización activa de la base, no solo gestión institucional. Cuando un gobierno con mayoría legislativa, control de los principales órganos reguladores y capacidad de convocatoria masiva siente la necesidad de llevar el debate a las plazas para defender su legitimidad, algo en el diagnóstico interno indica que esa legitimidad tiene presiones que las cifras de inversión no resuelven.
La apelación a la soberanía es políticamente eficaz porque es semánticamente inagotable. Nadie puede oponerse a defender la soberanía nacional sin quedar encuadrado como traidor o cómplice del extranjero.
Esa es precisamente su utilidad: convierte el desacuerdo en sospecha. Sheinbaum no inventó este recurso, es uno de los más antiguos del repertorio político mexicano, pero lo está activando en un momento en que el gobierno acaba de dotarse de herramientas legales para encuadrar vínculos internacionales de la oposición como evidencia de intervención extranjera.
Un gobierno que convoca a sus bases a defender la soberanía mientras acaba de dotarse de una causal de nulidad electoral con cláusula abierta, dependencia probatoria del Ejecutivo y sin inhabilitación para el beneficiado, concentra en sus manos la facultad de decidir qué disidencia es legítima y cuál es intervencionismo extranjero. La pregunta que eso deja no tiene respuesta cómoda: ¿quién protege al ciudadano, al partido y al candidato que simplemente discrepa?
X: @maeggleton
