La iniciativa para eliminar los delitos políticos del Código Penal del estado ya fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 58 Legislatura de Querétaro para su análisis, informó el diputado panista Antonio Rangel Méndez.
El también presidente de dicha comisión en el Congreso local sostuvo que se le dará el trámite legislativo, al igual que con otras propuestas.
La iniciativa de ley fue presentada ante Oficialía de Partes el 29 de junio y expone la necesidad de derogar del Código Penal los delitos políticos de motín y sedición, además de que establece que serán catalogados como delitos políticos la rebelión y conspiración, los cuales se encuentran vigentes hasta la fecha en el estado.
Por su parte, Rangel Méndez manifestó que se le dará el trámite legislativo correspondiente en la comisión, la cual, afirmó, tiene disposición de analizar este tema.
En su momento, el legislador panista indicó que delitos como el de motín tienen razón de ser en el estado al buscar mantener el orden público y poner límites a las conductas que puedan lesionar a los ciudadanos.
Advirtió que hasta el momento no cuenta con el estudio de la propuesta, por lo que “en los próximos meses” podría estar lista su dictaminación.
“Hay prioridades y en ese sentido, estamos trabajando… no he tenido oportunidad de recibir esa iniciativa, la leeremos con gusto y estaremos discutiéndola en el Congreso”, dijo.
El diputado local independiente Carlos Lázaro Sánchez Tapia, quien promueve la iniciativa, hizo un llamado para que se inicie con la dictaminación de las propuestas de ley rezagadas en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, como el matrimonio igualitario y el paquete de reformas al Código Penal que propone eliminar los delitos políticos.
La propuesta de Sánchez Tapia busca eliminar el delito de sedición, que impone prisión de uno hasta 12 años, a aquellos que de forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones.
Además, establece como delitos políticos la rebelión, la cual se castiga en el estado de Querétaro con prisión de dos a 15 años a los que, no siendo militares con uso de violencia u armas, traten de abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones que de ella emanen.
También catalogaría como delito político la conspiración, la cual implica de uno a cinco años de prisión a quienes resuelvan cometer uno o varios delitos contra el Estado.
