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Debido a que la federación no ha ministrado dinero al estado, para la construcción de las salas para el nuevo sistema de justicia, no se sabe si se podrá iniciar (cómo se decretó en el Estado) en el mes de marzo o se tomarán otras medidas.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Septién Olivares, informó que se analizarán los avances y determinar tiempos, ya que el proceso es costoso.
“La ley nos obliga para el 2016, pero tenemos que ver en qué podemos avanzar; por el decreto estatal, un acuerdo entre el Poder Judicial, PGJ y el Congreso del estado está para operar a marzo de este año”.
Y es que se requieren cerca de mil millones de pesos para echar a andar las salas de juicios orales, así como toda la estructura de recursos humanos que se requieren.
“Sin embargo hay que vigilar que los tiempos no han sido favorables por el costo alto de esa infraestructura, esperamos indicaciones de la Comisión Estatal y de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación para ver qué podemos hacer”.
Recientemente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, informó de la inversión de 424 millones de pesos hechas en 2014 para obras de infraestructura del sistema de justicia adversarial.
Esto en coordinación con instancias como la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Tribunal Superior de Justicia.
Para la infraestructura de la segunda y tercera fase se colocó la primera piedra, sin embargo se ha comenzado con los juicios (en el caso de la segunda etapa) pese a que no hay infraestructura especial terminada.
Se reportó que están en ejecución “obras de infraestructura para la segunda fase del sistema penal acusatorio en los distritos de Jalpan, Cadereyta, Tolimán y San Juan del Río por 160 millones de pesos y están por iniciar obras en la primera etapa de la tercera fase en los municipios de Querétaro y Corregidora por 66 millones”.
