Haciendo alusión al icónico eslogan de la campaña presidencial norteamericana de 1992: “¡Es la economía, estúpido!”, el tema central en el que deberían centrarse nuestros gobiernos y quienes aspiran a ocupar espacios de toma de decisiones en las próximas elecciones es, sin duda, el del agua.

Cada año, las noticias nos bombardean con informes de nuevos récords de calor, sequías y escasez de agua en todo el mundo. En esta ocasión la crisis apunta a la zona metropolitana de la Ciudad de México, que amenaza con dejar sin suministro a cerca de 6.4 millones de habitantes, que representan el 70% de la población capitalina. A pesar de ello, los políticos continúan desviando la atención de este problema urgente.

El agua es un elemento crucial en prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad, es el motor de nuestras industrias, la columna vertebral de la producción de alimentos y la base de nuestros servicios públicos. Sin embargo, a medida que las poblaciones crecen y las demandas aumentan, nos enfrentamos a una crisis cada vez mayor de acceso y gestión del agua.

La reciente escasez de agua en la Ciudad de México no es más que un eco de lo que hemos visto en años pasados en ciudades como Monterrey, y lamentablemente, es probable que se repita en muchas otras grandes ciudades de nuestro país. En León la escasez de agua pone en riesgo a la industria automotriz y seguirán sobreexplotando el río Lerma. En Guadalajara, a pesar de los esfuerzos y recortes de suministro, las reservas de la presa de El Salto son cada día menores.

El agua no es solo un problema ambiental; tiene implicaciones en lo económico, social e incluso, sin exagerar, es un asunto de seguridad nacional. La falta de acceso al agua potable y la gestión inadecuada de los recursos hídricos pueden tener consecuencias devastadoras para la salud pública, la agricultura, la industria y la estabilidad política. Ignorar este tema es un lujo que simplemente no podemos permitirnos.

Se necesitan políticas públicas sólidas y de largo plazo que aborden la gestión sostenible del agua, la conservación y la infraestructura hídrica. El reto es enorme, implica desde importantes reformas legislativas, hasta el reemplazo de infraestructura obsoleta, la mejora en la medición y la implementación de tarifas que fomenten un uso responsable de la ciudadanía. Todo lo anterior, sin olvidar que el Estado debe garantizar el agua como un derecho humano para todas las personas.

Es importante reconocer que ningún alcalde, gobernador o presidente puede abordar este desafío por sí solo y mucho menos será una tarea que se alcance en un corto periodo de tiempo. Lo que sí pueden hacer nuestros líderes políticos es tomar decisiones que, aunque poco populares y con resultados que quizás no serán visibles durante su mandato, son necesarias para sentar las bases de un futuro sostenible.

Así como en 1992, hoy requerimos hacer un constante recordatorio a nuestros políticos de que: ¡Es el agua! Si no actuamos ahora, estaremos condenados a enfrentar un futuro catastrófico. Sin exagerar.