Hay una regla que nunca falla en economía: no existen las obras gratis. Todo proyecto público termina pagándose. Con impuestos, con deuda… o con ambas. La diferencia entre un gobierno responsable y uno imprudente no está en construir grandes obras, sino en hacerlo dentro del presupuesto prometido.

México vive hoy una paradoja. Nunca antes se habían impulsado tantos proyectos ferroviarios de manera simultánea, pero tampoco el país había enfrentado un déficit y un nivel de endeudamiento como los actuales. Por eso, más allá del entusiasmo por las nuevas rutas, conviene revisar la historia reciente.

Y la historia no juega a favor.

El Tren Maya fue anunciado con un costo de 156 mil millones de pesos. Hoy las estimaciones más recientes lo ubican por encima de 515 mil millones. Es decir, 359 mil millones de pesos adicionales, un sobrecosto cercano al 230%.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec pasó de 20 mil millones a 62 mil millones, un incremento del 210%.

El Tren Interurbano México-Toluca, hoy llamado El Insurgente, fue presupuestado en 38 mil millones y terminó rondando los 100 mil millones, un sobrecosto del 163%.

La ampliación del Tren Suburbano Lechería-AIFA tampoco escapó a esa tendencia. Comenzó con un presupuesto de 12 mil 479 millones y terminó en 29 mil 658 millones de pesos, un incremento del 138%.

No son casos aislados. Son cuatro proyectos emblemáticos con una constante: terminaron costando mucho más de lo prometido. Cuando eso ocurre una vez puede llamarse error. Cuando sucede una y otra vez, se convierte en un patrón.

Y ese patrón obliga a mirar con cautela el nuevo Tren México-Querétaro, una obra de aproximadamente 226 kilómetros, cuya meta es entrar en operación en 2027. Tan sólo el tramo 12 representa una inversión estimada en 73 mil millones de pesos.

Nadie puede afirmar que esta obra terminará igual que las anteriores. Pero tampoco existe un antecedente reciente que permita bajar la guardia. La experiencia obliga a preguntar si el costo final será realmente el que hoy se anuncia.

La preocupación aumenta cuando se observa el estado de las finanzas públicas.

En 2026, el Gobierno Federal registra un déficit presupuestario de 1.4 billones de pesos, equivalente al 3.6% del PIB. Si se consideran los Requerimientos Financieros del Sector Público, el déficit alcanza 1.6 billones, es decir, 4.1% del PIB.

Mientras tanto, la deuda pública amplia ya suma 18.9 billones de pesos, equivalente al 50.6% del Producto Interno Bruto.

Traducido al lenguaje cotidiano: México está gastando mucho más dinero del que recauda, y la diferencia se cubre con deuda. Eso significa que cada peso adicional de sobrecosto termina presionando unas finanzas públicas que ya operan con números rojos.

Nadie cuestiona que el país necesita infraestructura moderna. Los trenes pueden impulsar el desarrollo y la competitividad. Lo que sí debe exigirse es planeación, transparencia y disciplina presupuestal.

Porque la historia reciente demuestra que en México el problema no es construir trenes.

El problema es que, una y otra vez, llegan con una estación adicional: la de los sobrecostos.

Y esa parada siempre conduce al mismo destino.

El bolsillo de los mexicanos.