Es larga la lista de acusaciones en torno al gobernador de Sinaloa —ahora con licencia—, Rubén Rocha Moya, y los nueve que lo acompañan, particularmente las relativas a narcotráfico y corrupción. También es innegable su relación con López Obrador, Sheinbaum y el morenismo, desde hace varios años; de hecho, es uno de los suyos (representante de la 4T).
Hasta hace unos días, y a pesar de denuncias e investigaciones periodísticas, actuaban desde el poder sin sanción alguna. Intocables. Incluso, al menos Rocha Moya, hasta con apoyo y defensa pública. En medio de la insatisfacción por inseguridad y violencia, se podría decir que les iba muy bien. Pero, vino la acusación de autoridades estadunidenses y entonces sí, este escenario fue sacudido porque es la primera ocasión que un gobernador es acusado; son muy graves los cargos que les imputan y las penas que incluyen; y se consideran solicitudes de extradición.
El oficialismo arguye “defensa de la soberanía”; demanda pruebas; y expone su interés porque —de haberlas, dicen—, se juzgue aquí porque la Fiscalía General de la República (que dirige la fundadora de Morena, exdiputada y exsenadora de este partido, Ernestina Godoy), es “autónoma” (sic) ¿De veras? Esto es cuestionable, también, por las evidencias de la Corte del Acordeón, el hiperpresidencialismo, la desaparición de órganos autónomos, la captura de instituciones, opacidad, etc. Aunque, además, por escándalos —impunes— que vienen del lopezobradorismo y se combinan con los del actual sexenio (entre ellos: Bartlett, Mario Delgado, Adán Augusto López —y La Barredora—, Cuitláhuac García, Ignacio Ovalle —Segalmex—, Huachicol Fiscal, Cuauhtémoc Blanco, Abelina López, entre muchos más, y que también incluye
gobernadores).
Se desconfía de la narrativa oficial —que esconde ardides—, y la experiencia confirma que, como afirmó el periodista Ciro Gómez Leyva, “la 4T no se investiga a sí misma”. O bien, se cubre a sí misma.
Las críticas se han multiplicado —y no por solicitar subordinación a potencia extranjera alguna—, sino por considerar que Rocha Moya —y su grupo— resulta indefendible, de acuerdo con lo que se conoce; pasando por quienes destacan que más que la soberanía, se está protegiendo a parte de su grupo político que podría denunciar a más con vínculos con el narcotráfico, lo que ubicaría al oficialismo en un marco crítico; otros subrayan que se prefiere enfrentar a Estados Unidos —a cualquier precio, aparentemente o hasta el momento— para “cuidarlos” y/o “exonerarlos” en México, donde pueden controlar las cosas y/o beneficiarlos; y algunos más exigen que se actúe definitivamente contra narcotraficantes, sobre todo aquellos que mantienen pacto de impunidad entre políticos y criminales, como refiere este caso.
Mientras manifestantes intentaron exhibir en el Zócalo una gran lona con la leyenda “ Claudia Sheinbaum Protege a Narco Gobernantes. Presidenta Rompa el Pacto”; la titular del Ejecutivo sostiene: “No protegemos a nadie”.
