Debido a los roles y estereotipos de género, la corrupción afecta a las mujeres de manera desproporcionada cuando se ven forzadas a pagar un alto porcentaje de sus ingresos en sobornos para acceder a salud, educación, vivienda, agua y justicia. Aunado a esto, la explotación de sus cuerpos con fines sexuales se ha convertido en una práctica común al interior de las empresas y del sector público a cambio de un empleo, una promoción, la gestión de un trámite o el acceso a un programa social.

Igual que ocurre en otros países del orbe, en México el género suele determinar las divisiones del trabajo, el control de los recursos y la toma de decisiones en las instancias del gobierno. Por eso resulta interesante que entre los países menos corruptos del mundo, Finlandia, Nueva Zelanda, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Islandia, Suecia e Irlanda han sido o son gobernados por mujeres

Estadísticas delictivas analizadas por las Naciones Unidas muestran que las mujeres son más renuentes a participar en actos de corrupción. Además, diversos estudios académicos han demostrado que existe una correlación entre la proporción de mujeres en posiciones de poder y la percepción social de menores niveles de corrupción. También encontraron que la participación de las mujeres en la vida pública está ligada a una mejor gobernanza e índices más bajos de este delito.

Un ejemplo lo encontramos en Perú, en el que un cuerpo policíaco masculino fue reemplazado por mujeres, lo que resultó en el desmantelamiento de redes criminales al interior de la corporación.

Esto sugiere que el aumento de la proporción de mujeres en lugares de trabajo o instituciones públicas contribuye a desarraigar prácticas delictivas, sin embargo muy pocas estrategias anticorrupción aprovechen el género como agente de cambio e inclusión y a menudo las políticas públicas no atienden las necesidades específicas de grupos en situación de vulnerabilidad afectados por la deshonestidad burocrática. Por eso, como parte central de la agenda anticorrupción, es necesario enfocar esfuerzos en el arribo a puestos de toma de decisión de mujeres capacitadas e intachables, que han demostrado ser agentes de cambio positivos en la lucha por la transparencia y rendición de cuentas.

La llegada a la Fiscalía Anticorrupción de una mujer como mi amiga Malena Guadarrama, quien cuenta con experiencia en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos desde la perspectiva de género e interseccionalidad, traería consigo la implementación de propuestas innovadoras y buenas prácticas contra la corrupción: mejores sistemas de prestación de servicios públicos con el fin de aumentar su eficacia y sostenibilidad, la integridad de la justicia penal, la vigilancia del sector privado, la participación activa de la sociedad civil y la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.

Para erradicar la corrupción necesitamos más mujeres.

Titular de Aliadas Incidencia

Estratégica e integrante de la

Red Nacional de Alertistas.

FB: maricruz.ocampo

Twitter: @mcruzocampo