Bukele es el político más popular de América Latina y uno de los más autoritarios. Esa combinación es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado deja de garantizar lo más elemental.

En 2021, El Salvador registraba una tasa de 18.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2024, esa cifra cayó a 1.9, una reducción del 98% en menos de una década. La aprobación de Nayib Bukele cerró 2025 en 91.9%, sostenida por encima del 80% durante más de seis años consecutivos. En febrero de 2024 ganó su reelección con el 84.65% del voto popular, a pesar de una prohibición constitucional expresa. Los números son reales y el respaldo es genuino. Eso es exactamente lo que hace que el caso sea tan incómodo para quienes defendemos la democracia como sistema.

El argumento estándar contra Bukele choca con una evidencia que sus críticos no terminan de procesar: los salvadoreños lo saben y lo aprueban de todas formas. En diciembre de 2019, el 70.4% de los salvadoreños decía tener miedo a la delincuencia; en diciembre de 2023, ese porcentaje había bajado a 4.3%. Cuando la transformación en la vida cotidiana es de esa magnitud, la advertencia abstracta sobre erosión democrática no compite. El miedo concreto gana al riesgo institucional que no se ve.

El costo tiene nombre: más de 75,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción desde 2022, con poderes que permiten arrestar sin orden judicial y retener sin cargos. El propio Bukele ha reconocido que al menos 8,000 de esos detenidos eran inocentes. Organizaciones de derechos humanos documentan muertes bajo custodia y detenciones basadas en denuncias anónimas. Esas cifras no circulan en la conversación pública latinoamericana con la misma frecuencia que la tasa de homicidios, y esa asimetría no es casual; los resultados visibles desplazan los costos invisibles.

Lo que el caso Bukele revela es que cuando el Estado democrático fracasa durante décadas en garantizar la seguridad más elemental, la población reemplaza la demanda de derechos por la demanda de resultados. El autoritarismo llega como solución, y una vez que produce evidencia de que funciona, el argumento democrático queda atrapado en un terreno donde los procedimientos compiten contra cambios que la gente experimenta en su vida diaria.

En México, la referencia a Bukele circula como modelo. Que una sociedad evalúe seriamente intercambiar garantías individuales por resultados medibles dice más sobre el estado de su democracia que cualquier dato de El Salvador. La pregunta incómoda no está en San Salvador, está en el historial de lo que el Estado mexicano ha sido capaz, o incapaz, de garantizar, y en cuántos años de fracaso acumulado hacen falta para que esa transacción empiece a parecer razonable.