La reforma en materia de propiedad industrial en nuestro país implica grandes modificaciones en diversos signos distintivos y actividades inventivas, en esta ocasión me referiré a las marcas. El cambio no fue solamente de nombre, ya que ahora la legislación aplicable se llama Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, si no que el impacto va más allá, lo que nos lleva al análisis de las solicitudes y registros de marca antes o después del 10 de agosto de 2018.

Esta reforma que se realizó en materia de propiedad industrial impacta de manera diferente a las personas que registraron sus marcas, quienes deben presentar su renovación de uso después de 3 años, contados a partir de la presentación de solicitud o de obtención de registro.

La diferencia de fecha implica la presentación de 2 solicitudes, como ocurre con las protecciones previas a la reforma, que no tienen obligación de presentar la declaración de uso sino hasta después de que se cumplen 10 años contados a partir de la solicitud de registro.

En cambio, si fue posterior a la reforma, la marca sigue con una vigencia de 10 años a partir de su otorgamiento, siempre y cuando se presente la Declaración de uso a los 3 años de otorgada la marca. Pero, en caso de no presentar la Declaración de uso o la renovación en los plazos señalados el efecto será la caducidad.

No es un proceso claro ni sencillo, implica el conocimiento de la ley anterior, la ley nueva, el reglamento y los Acuerdos del IMPI. Una reforma importante en materia de propiedad industrial.

Uno de los desafíos que implica es la falta de conocimiento de los requisitos, los nuevos conceptos y la confusión o incumplimiento involuntario, pero el solicitar este nuevo trámite permite que se aprovechen las marcas al provocar el uso de la marca y la declaración de su uso.

El efecto derivado de la omisión es la caducidad, pero como se aprecia el control y conteo de los plazos, así como los procedimientos son confusos y poco amigables, lo que agrega una complejidad a los titulares de las marcas impide que se puedan gestionar, seleccionar o proteger de manera adecuada. Se requiere tener un control minucioso de los plazos, procedimientos y requisitos. Una interpretación inadecuada puede provocar la pérdida de derechos sobre la marca.

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