El tema Sinaloa ha ocupado buena parte de los titulares durante las últimas semanas. Desde septiembre de 2024 la situación de violencia en el estado se volvió insostenible y durante casi dos años las y los sinaloenses han pedido que el país mire con empatía a las víctimas. Sin embargo, fue hasta que el gobierno de Estados Unidos señaló a diez funcionarios y exfuncionarios locales, entre ellos al gobernador Rubén Rocha Moya, cuando el caso adquirió otra dimensión y el morbo, junto con la confrontación política, hizo que muchos voltearan finalmente hacia ese estado.
Desde entonces he escuchado a comentaristas nacionales preguntarse cómo evitar que personajes como Rocha Moya lleguen al poder. Han revisado sus antecedentes y su personalidad buscando señales que pudieran haber anticipado lo ocurrido. No obstante, Rocha Moya tenía una trayectoria pública conocida, incluso respetable para muchas personas en Sinaloa. Fue maestro, autor de libros sobre educación, dirigente universitario y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); posteriormente trabajó como asesor de gobernadores. Hubo algunas pistas a través de investigaciones periodísticas, pero difícilmente existía una señal inequívoca que permitiera anticipar los resultados. Me parece entonces que es útil dar seguimiento a las acusaciones a su gobierno, pro su puesto, pero también analizar de manera crítica las condiciones que hicieron posible que Sinaloa llegara hasta aquí. Tengo poco espacio para hacerlo en esta columna, así que me concentraré en dos claves que también deberían interesarnos en Querétaro.
Primero, considero importante reconocer que el personaje sí importa. Un mandatario tiene responsabilidad sobre lo que ocurre durante su gestión y debe ser investigado cuando existen indicios de corrupción. En el caso de Rocha Moya, la prensa ha documentado redes que involucran a personas de su entorno cercano. Por eso conviene mirar también la estructura de poder y las alianzas que se construyen alrededor de cada gobierno. Cada gobernador llega con acuerdos previos y forma un círculo que ocupa posiciones clave, incorpora actores ya establecidos y suma otros con el nuevo régimen. Desde ahí se negocia con liderazgos políticos, económicos y sociales y, en casos como Sinaloa, también con actores delictivos. Así se concentran decisiones y recursos, se reparten contratos y privilegios, y se toleran determinadas actividades ilícitas. Durante años, en Sinaloa, esos arreglos permitieron administrar conflictos y sostener una estabilidad relativa, al mismo tiempo que favorecieron intereses particulares por encima de los de la sociedad. Cuando ese equilibrio empezó a romperse, primero con la alternancia en el gobierno, que llevó nuevos personajes e intereses a las mesas de negociación, algunos con apetitos mucho más voraces y depredadores, y después con la fractura entre dos facciones de la delincuencia organizada, quedó expuesta la fragilidad del orden que se había construido.
La segunda clave está en la capacidad que tiene una sociedad para observar y cuestionar cómo se ejerce el poder. En Sinaloa, durante años, una parte de la sociedad crítica quedó atrapada en relaciones de cercanía, dependencia o presión con los grupos al mando. Algunos periodistas fueron incorporados mediante pagos opacos, favores o promesas de apoyo, mientras otros enfrentaron amenazas por mantener una posición independiente (mi reconocimiento para quienes han resistido). Las universidades también negociaron posiciones, recursos y márgenes de acción. La UAS, por ejemplo, conformó su propio partido político para organizar a su base social y utilizarla como moneda de cambio. Todo ello fue reduciendo los espacios desde donde podían cuestionarse las decisiones y las redes de complicidad.
Todo esto importa para Querétaro, donde, entre ciertos sectores, se ha instalado la idea de que cambiar de gobierno puede significar perder gobernabilidad. Sin embargo, el cambio forma parte de cualquier democracia y tarde o temprano ocurrirá. La pregunta más importante es qué tan abiertas y sólidas son nuestras instituciones y qué capacidad tenemos como sociedad para observar y limitar el poder. Una estabilidad duradera depende de contrapesos capaces de vigilar, corregir y poner límites, más que de la permanencia de un mismo grupo. Por eso, rumbo a las próximas elecciones, importa elegir bien a quien gobierne, revisar sus antecedentes y las redes que lo acompañan, y también preguntarnos qué tan fuertes son hoy nuestros contrapesos para sostener una gobernanza más abierta y horizontal, y poner límites a la concentración del poder.
