En las ciudades mexicanas se han generado distintas redes de asociaciones desde las cuales se cometen hechos ilícitos. Los resultados son desastrosos, porque provocan daños ambientales, inundaciones, dificultan el acceso de las familias a viviendas bien ubicadas y presionan los presupuestos públicos destinados a infraestructura y servicios. Provocan algo que llamamos “violencia silenciosa”: no genera notas en las páginas rojas, pero los daños están ahí y se extienden.
Este tipo de violencia rara vez ocupa un lugar relevante en los titulares de los periódicos. Y en tiempos electorales y preelectorales llaman más nuestra atención las noticias donde se vincula a los políticos con “el narco”, una figura que se presenta como un gran monstruo omnipresente, con múltiples tentáculos corruptores. Así, casi como el legendario “coco”, pero para los adultos, pensamos que todo aquello que está podrido en la política, que es oscuro, obedece a los narcos: narcodiputados, narcoalcaldes, narcogobernadores.
No obstante, hay redes de corrupción y captura de las decisiones públicas sobre el territorio en las que participan empresarios, políticos y funcionarios que se han valido de sus posiciones para acumular fortunas difíciles de explicar. Se posicionan como una élite en el poder, con capacidad para articular lealtades, conveniencias y complicidades. En algunas de estas redes participan sujetos asociados con grupos dedicados al tráfico de drogas; en otras, no. Pero el suelo urbano, la especulación inmobiliaria y la obra pública también producen enormes rentas y ofrecen espacios para la corrupción. Eso que llamamos “cártel inmobiliario” en México aparece como un monstruo un tanto menos ofensivo, o una especie de ente de otra categoría, pero en realidad no lo es. En muchas de las ocasiones interactúa con otros grupos delictivos, y siempre genera costos que perjudican la vida de las personas.
La semana pasada el periodista Zósimo Camacho presentó ante la presidenta, en plena mañanera, un caso que tiene varios años en la discusión en Querétaro: la urbanización de predios en un área natural llamado Peña Colorada; uno de los principales pulmones de una metrópoli que se ha extendido hasta 16 veces en tres décadas (creció en extensión 1,762 por ciento, mientras su población aumentó 443 por ciento). Esta noticia, ya vieja en el estado, es apenas una hebra de una madeja mucho más grande presente en las discusiones sobre los problemas sociales, ambientales y presupuestales de una ciudad que se esfuerza por presentar una carta pública de creciente estabilidad, pero que va acumulando una lista de malestares.
Peña Colorada puede convertirse en la punta de un hilo que permita comenzar a desenredar esa madeja. Porque alrededor del suelo aparecen muchos nombres, empresas y organizaciones que durante décadas han intervenido en la expansión de la ciudad, los cambios de uso de suelo y la transformación de antiguas tierras ejidales. Los grupos ambientalistas y activistas en el estado han apuntado por años a este otro monstruo. El caso que llegó esta semana a la Presidencia abre la posibilidad de revisar una historia que en Querétaro comenzó mucho antes de estas 1,415 hectáreas. Veremos si ha llegado el tiempo de que sus denuncias sean escuchadas.
