La alternancia democrática en nuestro continente, y en México, está amenazada por el castrismo, que busca impedir la cancelación o reversión de sus “avances sociales en favor de los pobres” por las derechas que llegan al poder, tras su fracaso en generar riqueza, excesiva corrupción, elevada inflación, bajo crecimiento, endeudamiento externo, parálisis institucional, y crisis en la prestación de servicios de salud, educativos e infraestructura, etc.
Argentina, Bolivia y Chile son prueba de la naturaleza autoritaria de la izquierda. Cuando ellos llegaron al poder, los opositores los respetaron y dejaron gobernar. Pero ellos no dejan que sus adversarios lo hagan, sean de derecha, o no. Durante su gestión compraron un seguro, los pobres, cuyas voluntades sometieron con programas sociales que, lejos de estar pensados para sacarlos de la pobreza, los utilizan clientelarmente.
En Argentina se publicaron videos en los cuales jóvenes manifestantes en contra de Milei en los que presumían que antes no necesitaban trabajar porque el dinero que les aportaba el gobierno les alcanzaba para vivir bien. En Bolivia y Chile, las movilizaciones amenazan no solo con paralizar económicamente al país, sino -como en Bolivia- obligar al presidente a dimitir. El chantaje político es claro.
La legitimidad de los gobiernos de Lula, Chávez, Morales, Correa, Kirchner, Petro y AMLO se construyó siguiendo el guion aportado por Cuba al Foro de Sao Paulo: a partir de los pobres y la retórica del "pueblo soberano", había que enfrentar a la "oligarquía", mediante políticas que, de redistributivas, realmente no tuvieron nada.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva declaró: "El pueblo brasileño, especialmente el más humilde, es la razón de nuestra existencia y los que garantizan que este proyecto continúe a pesar de los ataques de la oposición" (mayo de 2005); en Venezuela, Hugo Chavez: "Los pobres no son solo una cifra, son el motor, la vanguardia, son quienes dan el pecho por la patria y por nuestro proceso revolucionario"; en Ecuador, Rafael Correa: "Los pobres de la patria son los que sostienen esta Revolución Ciudadana; ellos son los que saldrán a defenderla en las calles si las élites intentan recuperarla" (agosto de 2011); en Bolivia, Evo Morales: "El pueblo organizado es el único que puede cuidar este proceso de cambio; si nos quieren sacar, el pueblo no lo va a permitir, los movimientos sociales son los guardianes de esta revolución" (octubre de 2014); en México, López Obrador: “para transformar se necesitaba una base social(…) ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos(…) entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política” (enero 2023): mismo guión, diferente actor.
Esta semana, Gustavo Petro, de Colombia, amenazó con una escalada de violencia si el gobierno democráticamente electo modifica los programas clientelares que le beneficiaron políticamente. Igual escenario puede suceder en Perú, tras la derrota del izquierdista Roberto Sánchez.
La izquierda del continente, agrupada en el Foro de Sao Paulo (la Internacional Castrista), sale del poder por su incompetencia para gobernar; depauperar la economía nacional; altísima corrupción de sus miembros; y, vínculos con la delincuencia organizada. Los mismos beneficiarios del clientelismo político les están dando la espalda. El problema para los nuevos gobernantes es la crisis en que reciben a sus países: estrechez económica derivada del alto costo de los programas clientelares; alta inflación y déficit fiscal, lo cual constituye una bomba de relojería.
En México, la amenaza de soltar “al tigre” -usar a los pobres como carne de cañón-, podría ser un recurso de contención del gobierno lopezobradorista si EE. UU. llama a juicio a AMLO y a otros narco políticos cercanos, identificados como tales en nuestro país y el extranjero.
