Hay consenso: Sheinbaum pretente consolidar el modelo autoritario obradorista: imponer el pensamiento único a través de la censura y el control de medios de comunicación -después serán redes sociales-, con el pretexto de defender los derechos de las audiencias.

Es un hecho: hay medios informativos que violan el derecho de las audiencias a recibir información verdadera y útil que les permita comprender la realidad; a expresar opiniones; a la réplica, a contar con diversidad de fuentes que les permita constrastar opiniones; a participar responsablemente en la vida social, a que se corrijan errores, mentiras, imprecisiones o tergiversaciones de manera oportuna y clara; que no respetan los valores morales de la sociedad, etc.

Aunque no es una ley, sino lineamientos que pretenden establecer una guia detallada de cómo aplicar leyes -la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reglamentaria del artículo 6º constitucional-, señalando pasos, formatos o pautas técnicas para cumplir un proceso administrativo, sigue siendo un instrumento peligroso en manos de Morena.

El problema no es la creación de mecanismos regulatorios que defiendan los derechos ciudadanos, sino el uso sesgado y utilitario que ha venido haciendo Morena de diversas leyes para fortalecer su modelo, pretextando el bien de la sociedad. A pesar de convocar a “Consulta Pública” (auténtico diálogo de sordos), el objeto no es escuchar propuestas ni a expecialistas, sino cubrir el requisito “democrático” para terminar imponiendo su decisión -sin modificarle una coma-, como sucedió con la llamada Reforma Política, de Pablo Gómez, en la que se presentaron muchas ponencias, pero no se modificó el proyecto gubernamental hasta que en el Congreso les hicieron ver errores elementales.

La concentración del poder en una persona o en un partido impide a la sociedad asumir la corresponsabilidad de cuidar sus propias libertades y derechos respecto del propio gobierno y de particulares. Poco a poco Morena ha logrado quitar al gobierno la supervisión social y establecido mecanismos para vigilar a la sociedad, en beneficio del autócrata.

Los mismos lineamientos aplicables a medios de comunicación deben utilizarse con La Mañanera. Este mecanismo de propaganda estaría obligado a decir la verdad, pero miente cínica y descaradamente, tergiversa la realidad según convenga a su narrativa, abusa de “los otros datos” -no verificables-; no distingue información de propaganda, o de opinión; difama, calumnia y aplica el peso del Estado a sus enemigos.

Mientras Taddei (INE) obliga a Alito y al PRI a quitar de sus redes la descripción de Morena como “narcopartido”, la FGR clasifica de “seguridad nacional” la investigación del asesinato del diputado Nemesio Cuén que involucra a Rocha Moya y a la fiscal del estado; o se clasifica a las obras insignas de AMLO como de seguridad nacional para encubrir las corruptelas de sus familiares y cercanos.

Exigen a otros pluralismo ideológico, político, social y cultural, pero la presidente se niega a recibir a quienes exigen su derecho de réplica ante sus señalamientos y acusaciones. Han corrido de los canales de televisión y de radio públicos a quienes piensan diferente; empobrecido la calidad de los programas y desparecido al INAI que garantizaba el acceso ciudadano a la información. Hoy la opacidad es norma de este gobierno. En la asignación de pautas publicitarias se discrimina a medios no afines, pero La Jornada y los medios propiedad de Jesús Ramírez reciben asignaciones multimillonarias ¡viva la pluralidad!

La 4t colonizó estaciones de radio privadas con periodistas orgánicos; cerró el espacio público al periodismo independiente, y partidizó instituciones del Estado.

Lo positivo: contar en cada medio con un defensor de audiencias y un código de ética. El único mecanismo capaz de garantizar sus derechos sería mediante una institución ciudadana imparcial, sin ideologías. La verdad no pertenece a la 4t.