El propósito de este organismo ciudadano “privado”, por cuanto a que no depende del gobierno ni se financia de él, es desarrollar una cultura de la integridad política y social capaz de garantizar el acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y máxima información pública; vigilar que los gobernantes, más allá de ideologías, credos y partidos, promuevan el bien común y respeten la dignidad de las personas.

Sus principios rectores serán: imparcialidad, legalidad, autonomía, confidencialidad y transparencia. Para garantizar su autonomía requiere financiarse de donaciones privadas, fondos internacionales concursables, cuotas de sus miembros (aportaciones ciudadanas), solidaridad social, y el cobro de servicios a partidos, gobiernos y congresos. El Consejo Directivo, con total autonomía, determinará los montos a ejercer año con año, y el destino de sus presupuestos. Los recursos serían anualmente auditados por una firma independiente prestigiada —nacional o internacional—, cuyo resultado se dará a conocer con total transparencia en sus plataformas. La figura jurídica sería Asociación Civil (sin fines de lucro).

Su órgano de gobierno, el Consejo Directivo, lo integrarán 9 o más miembros (número impar), al cual pueden pertenecer empresarios, especialistas (investigadores, catedráticos, exmagistrados, directivos de ONGs anticorrupción, expertos en integridad pública, criminólogos y personalidades con trayectoria intachable) y profesionales que operen su día a día. Se excluye a miembros de partidos y a personas vinculadas a gobiernos.

El proceso de selección de sus integrantes sería público, basado en los méritos de los candidatos. Su estancia en el cargo sería por 8 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Las Asambleas de elección serían cada cuatro años, renovándose el 50% de sus integrantes cada 4 años, para mantener la continuidad institucional.

El Consejo Directivo estaría apoyado por una Secretaría Ejecutiva; comités especializados, según sus tareas: Prevención, Confiabilidad de Candidatos, Investigación, Ética, Educación, Comunicación y Vinculación; y por un Consejo Consultivo amplio al que se convocará a religiosos, académicos, líderes sociales y empresariales, rectores universitarios, etc.

El organismo podrá descentralizarse y contar con delegaciones estatales y regionales.

El contacto con partidos y gobiernos estará a cargo de la Comisión de Vinculación, la que establecerá convenios de servicio y definirá la agenda de trabajo con los partidos y gobiernos, en cuanto a tareas de diagnóstico, formación, acciones preventivas y correctivas; evitando la burocratización, discrecionalidad, ambigüedad o complacencia en la que estos suelen operar. En el plano internacional, establecerá y administrará las relaciones, colaboración e intercambios con organismos internacionales, para replicar las mejores prácticas.

Para los partidos y gobiernos que suscriban convenios y servicios, sus resoluciones serán vinculantes. Los dictámenes de especialistas se turnarán al Consejo Directivo para su análisis. De igual manera, estarán obligados a rendir informes anuales de sus finanzas, contratos, procedencia de sus ingresos y destino de sus gastos, particularmente de campañas; abstenerse de postular a personas con antecedentes de corrupción, vínculos con grupos delincuenciales, o con bajo desempeño en sus funciones.

El CME-P anualmente rendirá su informe de resultados como contribución a la cultura de integridad, que tanta necesita nuestro país.

Periodista y maestro en seguridad nacional